Tras el reconocimiento de autoridades del Órgano Judicial sobre la existencia de una sobrepoblación de personal administrativo, se determinó iniciar una reducción de los mismos y una reingeniería en todas sus reparticiones, con lo que se habilitarán 29 ítems de jueces.
La decisión fue asumida ayer en una reunión que sostuvieron el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, el presidente del Tribunal Agroambiental, Lucio Fuentes, y los cinco consejeros de la magistratura, además de funcionarios de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), con la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez.
El objetivo del encuentro entre esas instituciones era el de analizar los lineamientos de un plan de reestructuración que busca reducir el personal administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental y crear nuevos ítems para el funcionamiento de más juzgados en el país.
Proyección. Gutiérrez confirmó que en este primer encuentro se determinó inicialmente la creación de 29 ítems y estimó que, a mediados de septiembre, se tendrá un panorama más completo sobre los alcances de la reestructuración del Órgano Judicial.
Para ello, anunció que, durante los siguientes días, se conformarán mesas de trabajo mucho más técnicas e, incluso, dijo que se convocará a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas para trabajar en los lineamientos para aplicar el plan de reestructuración del sector jurídico.
“Este es un desprendimiento por parte del Órgano Judicial que hay que aplaudir, ya que realmente ha aceptado de que existe una sobrepoblación en lo que concierne a los servidores públicos en la parte administrativa”, afirmó la Ministra de Justicia.
Como ejemplo de esa situación, Gutiérrez dijo que en la DAF, al igual que en el Consejo de la Magistratura, existen cuatro funcionarios en el área de informática, aspecto que, en su criterio, no es necesario para esa cantidad de profesionales. Por ello afirmó que debe aplicarse una reingeniería del personal administrativo, labor que fue aceptada por las máximas autoridades judiciales.
