Las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Soraida Chánez y Ligia Velásquez asumirán su defensa en el juicio de responsabilidades que se les instauró en el Senado Nacional. Chánez presentará hoy sus descargos, mientras que Velásquez lo hará el lunes.
Chánez anunció a La Razón que hoy presentará toda su documentación de descargo para demostrar su inocencia en este proceso. “Lo vamos a hacer mañana (hoy), aún no hemos definido si será en la mañana o en la tarde, eso lo estamos analizando con mis dos abogados”, dijo la magistrada suspendida.
Uno de sus abogados, Eduardo León, también adelantó que a partir de hoy asumirán defensa en este proceso al que lo calificó de “injusto e ilegal”. “Vamos a presentar 100 fojas de documentos y unos 70 testigos en el Senado Nacional”, indicó León a los medios de comunicación.
proceso. Ambas autoridades judiciales fueron imputadas por los delitos de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), prevaricato e incumplimiento de deberes por haber suspendido la vigencia de la Ley del Notariado, tras la admisión de una demanda de inconstitucionalidad de la citada norma legal. La Cámara de Diputados autorizó el juicio de responsabilidades a ambas autoridades judiciales, por lo que fueron suspendidas de sus funciones, y la Cámara de Senadores se constituyó en el tribunal de sentencia.
“Esto nos llama la atención porque ahí hay una lectura política, hay diferentes formas de intentar excluirse forzadamente del juicio, vale decir que estarían anticipando un criterio, comprometiendo la imparcialidad que debe tener todo asambleísta en este juicio”, sostuvo León en diferentes oportunidades al referirse al proceso.
Velásquez, la otra magistrada procesada, anticipó que el lunes presentará todos sus descargos a la Cámara Alta. “Mi derecho a la defensa es irrenunciable, no obstante que no se reconoce la competencia de la instancia legislativa. Para evitar vulneración de derechos, se va a ofrecer las pruebas que corresponda para que esta instancia las conozca”, declaró Velásquez a este diario. Recordó que nunca fue notificada personalmente, como legalmente corresponde, “ni en el domicilio procesal, ni en el domicilio real”.
Dijo que una persona de apellido Lamas fue quien había dejado todo un legajo de la presunta notificación en su domicilio de la ciudad de Cochabamba, donde actualmente ya no vive, sino que era su domicilio cuando se inscribió por última vez al registro biométrico y Padrón Electoral.
“Para que nos dejen en total estado de indefensión, que siento que están pretendiendo al no notificarnos en el domicilio real que uno tiene, se va a poner en conocimiento todos los hechos en esta instancia legislativa”, afirmó la magistrada Velásquez.
Chánez también advirtió el martes que tampoco había sido notificada personalmente. Solo dejaron documentos en su casa de Oruro, donde no es su domicilio real. Pese a todo, aseguraron que ahora enfrentarán el juicio de responsabilidades.
