El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia que declara inconstitucional un artículo de la Ley Orgánica del Ministerio Público que afectaba a los fiscales adultos mayores, ya que los obligaba a cesar en sus funciones al cumplir 65 años.
La medida fue impugnada el 31 de octubre de 2013 por el defensor del Pueblo, Rolando Villena, al considerar que el artículo vulneraba principios y definiciones de la Constitución y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La sentencia destaca que existe un deber constitucional de protección del Estado hacia los adultos mayores, lo cual se debe traducir no solo en políticas públicas generales, sino también al momento de tomar decisiones particulares que afecten al citado grupo social.
