El defensor del Pueblo, Rolando Villena, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga en el caso del suboficial militar Johnny Gil, detenido desde mayo de este año en el Estado Mayor acusado de los delitos de sedición, rebelión y motín tras haber liderado el movimiento de sargentos y suboficiales en demanda de la descolonización al interior de las Fuerzas Armadas.
Según se informa en un comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo, Villena presentó la demanda ante el organismo internacional, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), “para que el Estado boliviano le garantice (al suboficial Gil) un debido proceso y un juicio justo” y que la justicia militar deje sin efecto su detención preventiva dentro del proceso abierto en su contra.
“Todo ello en el marco de lo establecido en los Arts. 33 y 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25 del Reglamento de la Comisión interamericana de Derechos Humanos”, agrega el comunicado.
En la nota dirigida al Secretario Ejecutivo de la institución con sede en Washington, Villena señala que “la presente solicitud de medidas cautelares no pretende lograr un pronunciamiento sobre el fondo del juicio penal militar iniciado en contra de Johnny Félix Gil Leniz, tampoco tiene como finalidad que la CIDH establezca violaciones a los derechos humanos en función a los argumentos presentados, sino que busca que se otorgue medidas cautelares a favor del Suboficial, a fin de que el Estado boliviano garantice un debido proceso y un juicio justo”.
La petición incluye cuatro asuntos: que “el Estado Plurinacional de Bolivia a través de los jueces y tribunales de justicia militar deje sin efecto la detención preventiva, arresto o medio a través del cual se trate de privar indebida y arbitrariamente la libertad personal del Suboficial Johnny Félix Gil Leniz, que se le brinde todas las medidas necesarias para tutelar las garantías de un debido proceso, mantener las medidas cautelares hasta que el proceso instaurado en su contra obtenga una sentencia ejecutoriada y que el Estado boliviano informe periódicamente sobre las medidas eventualmente otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
En la misiva, el Defensor del Pueblo detalla “los reiterados errores procedimentales cometidos en el proceso y que han generado cinco acciones de libertad, mismas que fueron negadas por el Tribunal de Justicia Militar”.
“Este pedido a la CIDH responde a que vemos con mucha preocupación una acción institucional de las Fuerzas Armadas que busca y tiende al castigo a la protesta, al escarmiento a quienes se atreven a plantear una demanda, en lugar de hacer y dar justicia, de priorizar y respetar el debido proceso”, explicó Villena en el comunicado de prensa.
