Denis Racicot, representante en Bolivia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, pidió un informe al Tribunal de Justicia Militar sobre el caso de los tres suboficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA) detenidos por liderar una inédita protesta en abril.
“Nosotros efectivamente (…) hicimos una visita al Tribunal de Justicia Militar y hemos pedido el acceso a las personas detenidas, ya que es importante que tengamos la oportunidad de verificar el estado de salud y en la condición que están los detenidos”, afirmó Racicot en una rueda de prensa.
Solicitó también el informe sobre la situación procesal en la Justicia Militar de los uniformados recluidos, para luego poder emitir una propia apreciación del caso. Los datos lo ha solicitado hace una semana atrás, dijo.
Sindicación. El suboficial de Ejército Johnny Gil, privado de libertad desde el 15 de mayo en el Estado Mayor, y los suboficiales de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Freddy Sucojayo y Franklin Colque, aprehendidos desde julio en la Primera Brigada Aérea, están acusados por sedición, rebelión y motín.
El asambleísta departamental de La Paz Roberto de la Cruz, quien asumió la vocería de los uniformados, sostuvo que el Gobierno y los jefes militares someten a los efectivos para silenciarlos. No obstante, señaló que confía que Naciones Unidas tome en cuenta el caso, puesto que el organismo internacional hace respetar los derechos humanos en todo el mundo. “Esperemos que su pronunciamiento sea en el marco de la vulneración al derecho de un debido proceso que hubo en esos estrados”, agregó el asambleísta alteño.
Ayer, a las 10.00, abogados de los tres uniformados castrenses apresados, entregaron mediante notas a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia, la denuncia de vulneración que sufrieron los miembros de bajo rango de las FFAA, esto con el objetivo de lograr un pronunciamiento que pueda liberarlos.
Legislación. Racicot expresó que más adelante habrá que ver en qué forma la Justicia Militar en el país, es conforme a los principios de derechos humanos, los tratados internacionales y de la misma constitución en esta materia.
“Creemos que hay, posiblemente, que hacer una reflexión en una reforma de aportar en algunos aspectos de la Justicia Militar. Entonces, es muy importante que en el futuro tengamos la ocasión de ver en Bolivia la revisión de la misma Justicia Militar a la luz de los tratados internacionales vigentes”, indicó Racicot.
El miércoles, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, reafirmó que las normas militares son constitucionales y que el proceso en contra de los tres suboficiales de la institución castrense continuará bajo esa jurisdicción debido a que ninguna de esas leyes fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En ese camino, el lunes, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que intervenga en el caso del suboficial Johnny Gil, encarcelado pese a que la Justicia Ordinaria ordenara su liberación.
Los uniformados fueron encausados por liderar una protesta para que sargentos y suboficiales reciban un trato más igualitario al interior de las FFAA.
Preparan demanda
Anuncio
El asambleísta departamental de La Paz Roberto de la Cruz afirmó que presentarán una observación a las normas militares ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), una vez que se agoten las instancias pertinentes en el proceso a los militares.
