Ligia Velásquez, magistrada suspendida del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), anunció que, después de agotar todos los recursos legales que le permite la Constitución en Bolivia, recurrirá a tribunales internacionales para denunciar al Estado por la vulneración de sus derechos.
Velásquez y su colega Rosario Chánez fueron suspendidas de las funciones de magistradas del TCP por admitir una acción de inconstitucionalidad de la Ley del Notariado que paralizó la vigencia de esa norma legal.
“Voy a hacer uso de todos los recursos internos ordinarios y extraordinarios y también de los recursos que me facultan los tratados y convenios internacionales en instancias externas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como la Comisión Interamericana”, dijo Velásquez.
