La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia ve con preocupación el juicio por supuesta prevaricación que el Senado iniciará el 21 de octubre contra dos magistradas del Tribunal Constitucional, informó hoy ese organismo en un comunicado.
«Preocupa a la oficina que en este juicio, debido a la forma en la que se han llevado a cabo varios actos procesales, éstos podrían estar vulnerando las garantías del debido proceso de las acusadas, particularmente su derecho a la defensa plena», indicó la OACNUDH.
Según el comunicado de la Oficina, cuyo representante es Denis Racicot, «preocupa también que dicho proceso podría comprometer y afectar la independencia judicial en el país».
La Cámara de Diputados, controlada por el partido del presidente Evo Morales, dispuso en julio que las magistradas Ligia Velásquez y Rosario Chanez sean suspendidas y enjuiciadas por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la ley, prevaricación e incumplimiento de deberes al haber tratado una ley sobre notarías.
A partir del 21 de octubre, el Senado, también con una mayoría oficialista, será el escenario del juicio de responsabilidades contra las magistradas, que fueron elegidas por voto popular en 2011.
El Gobierno acusó a las dos magistradas de dejar en suspenso una ley de notarías sin haber emitido previamente una sentencia como exige la normativa vigente, lo cual creó un precedente que podía afectar la seguridad jurídica y económica del país.
Al contrario, la oposición sostiene que el Gobierno, a través del Congreso, enjuicia a las dos juezas para colocar en su lugar a otros magistrados que en el futuro respalden la posibilidad de habilitar al presidente Evo Morales para una reelección indefinida, acusación que han rechazado las autoridades del Ejecutivo.
En 2013, el Tribunal Constitucional avaló con un fallo la tercera candidatura consecutiva de Morales, que en los comicios del próximo 12 de octubre buscará un nuevo mandato hasta el 2020.
En su comunicado, la OACNUDH recordó también que cualquier procedimiento de sanciones contra jueces y magistrados «debe ser estrictamente respetuoso de las garantías del debido proceso», en el contexto del respeto a los tratados suscritos por Bolivia y los principios de la ONU sobre la independencia de la judicatura.
«La Oficina confía en que estas consideraciones serán tomadas en cuenta por las instancias competentes de sustanciar este juicio», agregó el organismo internacional.
