La candidata a diputada uninominal Maura Quispe, del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció que “grupos de poder” de su propio partido en Tupiza, Potosí, la están presionando para que renuncie por el hecho de ser mujer indígena, no tener capacidad ni estudios académicos.
En contacto con La Razón, el asesor de la postulante oficialista, Marco Antonio Ramos, explicó que la aspirante representa a la Circunscripción 37 de Potosí y que fue promovida al cargo por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa.
“Ha sido elegida desde las bases y viene del área rural. En los últimos días hemos recibido llamadas amenazantes de gente que se ha identificado como integrantes de grupos de poder en el MAS, de Tupiza, que están pidiendo la renuncia de la compañera Quispe por ser del área rural y porque no tiene preparación”, explicó.
Según Ramos, la candidata recibió una serie de “interpelaciones y chantajes” para que dimita del cargo, pese a que los partidos políticos están casi en la última etapa de la campaña rumbo a las elecciones generales del 12 de octubre. “No nos dejan hacer actividades proselitistas y tememos que algo nos pase, pero no nos van a intimidar, vamos a continuar porque ella recibió el respaldo de las organizaciones sociales”.
El hecho fue puesto en conocimiento en las altas esferas del frente oficialista, incluso —de acuerdo con el denunciante— el ministro de Minería, César Navarro, viajó a la región para conocer el hecho y tratar de poner orden, pero a la fecha las amenazas continúan.
Caso. Ramos sostuvo que si los directivos del MAS encargados de los procesos internos no dan una solución al caso, después de los comicios electorales, elevarán la denuncia a instancias judiciales.
Al respecto, la vicepresidenta del MAS y candidata a diputada por La Paz, Concepción Ortiz, afirmó no conocer la denuncia, pero señaló que ese tipo de actos no son permitidos al interior del frente oficialista. Sugirió a la candidata afectada hacer llegar la denuncia formal ante el Comité de Ética del instrumento político para que se asuma las acciones pertinentes, si se comprueba el hecho.
Piden planes contra la violencia
Luis Mealla
Según la encuesta preelectoral, de agosto, elaborada por Ipsos, Apoyo, Opinión y Mercado para La Razón, el 64% de la población demanda a los cinco partidos en carrera planes prioritarios para frenar la violencia contra las mujeres.
Asimismo, los datos revelan que hay más electores en el área urbana de los departamentos de Cochabamba (73%) y Potosí (75%) que consideran como una prioridad el atender esta temática dentro de las ofertas electorales que presentan las organizaciones habilitadas para participar de los comicios del 12 de octubre.
En contraparte, el estudio también detalla que en el área rural de Pando solo el 35% de la población ve como relevante esta temática porque considera como una prioridad la creación de servicios para el cuidado de niños. Este acápite, en el ámbito nacional, ocupa el segundo lugar en la preferencia (56%).
A ella le siguen el apoyo a las actividades económicas de las mujeres con el 43%; mientras que la atención a la salud sexual y reproductiva es vista como importante para el 30% de la ciudadanía boliviana.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), siete de cada diez mujeres en el país sufrieron algún tipo de violencia. Entre 12 países latinoamericanos, Bolivia registra los mayores índices al respecto.
Es un caso de violencia política que se puede sancionar
Cecilia Enríquez
Esto es violencia política y, en este marco, cualquier acción que se pueda cometer para que una candidata desista de su postulación o se la acose por ser mujer o indígena está sancionada por la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, promulgada en 2012.
A esta norma también se articula la Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, que prohíbe que por el hecho de ser indígena o mujer se pueda hacer acoso a este sector.
Esta presión hacia mujeres candidatas o electas es recurrente por parte de los hombres de su mismo partido y otras organizaciones políticas; pero está en la ley que las mujeres son electas bajo el mecanismo de paridad y alternancia, lo que hace legal su participación y garantiza su elección y posterior designación.
Sin embargo, en esta Ley 243 hay una traba con el artículo 24, que establece que toda mujer que denuncie hechos de violencia o acoso político debe renunciar, esto da pie a que este tipo de hechos persistan y más mujeres sean acosadas para que dejen a los varones asumir esos cargos.
En esos casos, las mujeres primero deben hacer la denuncia respectiva ante sus partidos políticos y si no reciben una respuesta, deberán recurrir ante otras instituciones como la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) porque no deben quedarse como hechos aislados. Hace poco se registró la muerte de una concejal.
Las personas afectadas pueden recurrir a esa institución aunque no sea una autoridad electa porque la ley también incluye a mujeres de organizaciones sociales. Este tipo de hechos no debería ocurrir en ninguna organización política ni social, todos deberían tener normativas internas.
