La Casa Alencastre, patrimonio monumental, ha sido derribada por orden del Ejecutivo para construir en ese terreno la Casa Grande del Pueblo, un edificio anexo del Palacio de Gobierno que alojará a la Presidencia. La Alcaldía anuncia fiscalización y un posible recurso de inconstitucionalidad.
La Casa Alencastre, construida antes de la República en 1921, era un patrimonio monumental. La demolición ha sido sustentada por el Ejecutivo con la Ley 313 de 2012, que declara la construcción de la Casa Grande del Pueblo en esa locación como una labor de “prioridad nacional”.
Según el alcalde de La Paz, Luis Revilla, la Carta Magna establece claramente las competencias de los diferentes niveles de gobierno. “Los temas que tienen que ver con urbanismo son competencias municipales y no pueden ser asumidas por otros niveles, porque sino significa violar la Constitución”.
En cambio, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Rodolfo Illanes, justificó el hecho en el cumplimiento de la Ley 313 que, además de establecer esa construcción como “prioridad nacional”, “exceptúa del cumplimiento de la Ley 2028 de Municipalidades” de 1999 que es la que rige el régimen de ese nivel de gobierno.
En cuanto a la Ley 313, Revilla señaló que no la conocía y que “parece que se la ha mantenido en secreto”. “Por supuesto que se trata de una disposición inconstitucional que vulnera las competencias”, agregó.
Las obras han comenzado con la demolición que terminará en dos meses, explicó Illanes. Se encuentra en la tercera licitación de supervisión del trabajo. El edificio ya cuenta con planos, diseños y todos los documentos. Pero Revilla protestó porque ninguno fue presentado al Gobierno Municipal; a lo que Illanes manifestó que la Ley 313 también “exceptúa la presentación de esos requisitos”.
Para Revilla, las competencias de los niveles gubernamentales no pueden ser asumidas por otros niveles “ni siquiera a través de una ley nacional porque, sino, cualquier competencia municipal podría ser violada con la promulgación de una ley”.
El Alcalde paceño aseguró que no les hicieron conocer de qué se trata el proyecto. “No sabemos sus características, no han pedido licencia para demolición o movimiento de tierras”. Tras lamentar que se produzca “esta situación”, expresó que espera que el Gobierno “sea respetuoso de las leyes, reconduzca el procedimiento” y presente el proyecto a la Alcaldía. “Si se establece que la disposición es inconstitucional, eso puede acarrear otro tipo de responsabilidad”, advirtió.
Decretos y una ley
Ley 313
En diciembre de 2012, el Gobierno promulga la Ley 313 que exceptúa cumplir la Ley de Municipalidades en referencia a la construcción de la Casa Grande del Pueblo, en el terreno de la Casa Alencastre.
Decretos
En 2013 salen dos decretos, el primero con la normativa para la ejecución del proyecto y el segundo para reglamentar la Ley 313 de 2012.
La Casa Alencastre tenía valor monumental
La Casa Alencastre databa de antes de la República, fue construida en 1821. Estuvo detrás del Palacio Quemado, en la esquina de las calles Ayacucho y Potosí, por casi dos siglos: 193 años. Esta semana fue demolida para construir la Casa Grande del Pueblo, un nuevo Palacio de Gobierno.
El inmueble patrimonial era un edificio de categoría “A”, lo que quiere decir que tenía valor monumental por su antigüedad y relevancia arquitectónica.
El 22 de agosto, durante el proceso de demolición, fueron retiradas las piezas que el Ministerio de Culturas calificó de patrimoniales, las cuales serán incorporadas al nuevo edificio o llevadas a la ex Estación Central. Esta situación todavía está por ser definida. La residencia estaba en “mal estado”, aunque habían componentes que tenían cualidad patrimonial, explica el alcalde Revilla.
La edificación llevó el nombre de Alencastre por su primer propietario, tuvo tres patios interiores, escaleras de piedra y corredores. En el pasado, Ximena Pacheco, directora de Patrimonio Cultural del Gobierno Municipal, describió a este medio que los ambientes que rodean el primer patio fueron construidos para la recepción social, los del segundo, para la servidumbre y los del último para los corrales. Antes de ser vendida, el inmueble pertenecía al Arzobispado de La Paz. La planta baja estuvo destinada para el uso comercial. “Al ser de valor monumental, las intervenciones en el edificio deben estar destinadas a la restauración y consolidación del inmueble”, detalló.
