La Justicia envió al exdirector de Régimen Penitenciario de Cochabamba Dennis Mejía a la cárcel de Arani, tras reconsiderar su inicial decisión de remitirlo al penal de San Sebastián, como resultado de la pesquisa por pugnas de poder que se cobraron la vida de cuatro reos. Paralelamente fue removido del cargo el Gobernador y 25 policías de la cárcel de El Abra.
Mejía es acusado de concusión e incumplimiento de deberes en los hechos de violencia de la noche del domingo en El Abra, que dejaron cuatro muertos y once heridos, entre ellos de bala y por armas punzocortantes. Fue detenido el miércoles, tras una inspección en el penal en compañía del ministro de Gobierno, Jorge Pérez.
La Justicia decidió hoy su reclusión en San Sebastián, pero la defensa apeló con el argumento de su seguridad. La determinación fue reconsiderada y se lo envió a la cárcel de Arani, en el Valle Alto de Cochabamba. El acusado evitó hablar tras la audiencia de medidas cautelares, aunque el miércoles aseguró que todo era producto de una venganza.
Pérez explicó el miércoles que presos acusaron a Mejía de haber estado presente cuando entregaron 30 mil dólares a Edgar Ariel Tancara Sandóval, una de las víctimas fatales de la violencia del domingo.
El comandante de la Policía en Cochabamba, Marcelino Mérida, informó que el gobernador del penal de El Abra, mayor Yuri Duk, y unos 25 policías fueron removidos de sus puestos y que, además, serán investigados por supuestas irregularidades y la balacera del pasado domingo.
«El mayor Yuri Duk ha sido puesto a disposición del Comando General de la Policía. De igual manera se va a realizar paulatinamente el cambio y relevo del personal que realiza seguridad en el recinto penitenciario», explicó Mérida, según reportó la agencia estatal ABI.
Mejía es acusado por los delitos de concusión e incumplimiento de deberes.
El artículo 151 del Código Penal refiere sobre el delito de concusión: “El funcionario público o autoridad que con abuso de su condición o funciones, directa o indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja ilegítima o en proporción superior a la fijada legalmente, en beneficio propio o de un tercero, será sancionado con presidio de dos a cinco años”.
Mientras que el artículo 154 sobre incumplimiento de deberes establece: “El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, incurrirá en reclusión de un mes a un año”.
