La Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas (Conaioc) realizó ayer una protesta en puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para exigir la convocatoria a referéndum que permita la validación de los estatutos autonómicos de al menos 11 municipalidades que están en proceso de transición al sistema indígena-originario.
Este tipo de autonomía, reconocida por la Constitución Política del Estado (CPE), consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígena originario campesinos. Su población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias, reseña la ley.
“Pedimos una audiencia con el Tribunal Electoral para que se respete la democracia comunitaria, para que los 11 municipios podamos elegir a nuestras autoridades por nuestros usos y costumbres”, señaló ayer la presidenta de la Conaioc, Florentina Medina.
Preocupación. La directiva expresó la preocupación de las comunidades por las elecciones subnacionales que se realizarán en 2015 y el retraso de los órganos del Estado para consolidar las Autonomías Indígenas.
Los campesinos, según el vocal del TSE Ramiro Paredes, entregaron una misiva a las autoridades electorales con la lista de peticiones que será analizada en sala plena. También señaló que, según la normativa electoral, no se puede organizar más de un proceso eleccionario a la vez. “Les hemos explicado. Más cuando existe la posibilidad de que haya una segunda vuelta” en los comicios previstos para el 12 de octubre de este año, señaló Paredes.
Esta figura podría darse si ninguno de los frentes habilitados reúne el 50% más uno de los votos válidos o no haya conseguido un mínimo de 40% de los votos válidos, con una diferencia de al menos 10% en relación con la segunda candidatura, como lo establece el artículo 166 de la CPE.
La normativa especifica que dentro de los 60 días a partir del 12 de octubre se desarrollará el balotaje. Con base en este cálculo, solo hasta 2015 se realizará cualquier proceso de consulta.
Entre ellos, los comicios para elegir a los gobernadores y los más de 300 alcaldes del país. El TSE adelantó, con anterioridad, que este verificativo está previsto para el primer trimestre de la siguiente gestión.
Paredes precisó que para efectuar la convocatoria a un referéndum se deben cumplir con los procedimientos establecidos por ley. Una, es la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que verifica la concordancia de la norma autonómica con la CPE. Hasta el momento, Totora Marka y Charagua ya cuentan con la sentencia pero aún no pueden validar sus estatutos mediante un referéndum.
Gallego comparecerá en la Fiscalía por demanda del TSE
Edgar Toro
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Gallego, quien amenazó con chicotear (azotar con látigo) a quien vote en contra de Evo Morales, aseguró ayer que asistirá a la Fiscalía de La Paz, el lunes a las 15.00, para responder a la demanda interpuesta en su contra por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Yo voy a estar presente en la notificación, por mis principios, para eso he nacido. Yo voy a estar presente en el Ministerio Público para aclarar de todo lo que me acusan, no tengo miedo en asumir defensa”, expresó Gallego a los periodistas en plaza Murillo en compañía de su abogado defensor.
Funcionarios del Ministerio Público notificaron el lunes al diputado Gallego para que se presente a declarar ante la instancia judicial el lunes.
Consultado una y otra vez sobre si mantiene su posición de azotar a los que no voten por el partido oficialista, Gallego aclaró que solo ha recibido un voto resolutivo de su comunidad en ese sentido y que no es una decisión personal. Además, según dijo, se trata de una costumbre que siempre se ha mantenido en las áreas rurales para castigar a quienes cometan faltas como parte de los usos y costumbres.
“No lo puedo negar; alguna vez he chicoteado, pero siempre fue así en las comunidades, era como un castigo que se da a quienes cometen una falta o errores, es como una sanción para los comunarios”, explicó el asambleísta.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió al Ministerio Público el 10 de septiembre que actúe de oficio y apunte a un proceso “si el caso lo requiere”, habida cuenta de un eventual delito de coacción que amenace el voto.
La vocal del TSE Dina Chuquimia afirmó en su momento que la ley establece que la persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice o impida la realización del proceso electoral será sancionada con privación de libertad de dos a cinco años.
