El vicepresidente Álvaro García instó ayer a las jueces que tienen en sus manos los procesos denominados Porvenir, Terrorismo y Chaparina a dictar fallos y dar un castigo a las personas que hayan cometido delitos. Señaló que espera que estas sentencias se dicten hasta fin de este año.
“Este caso de Chaparina, el de la masacre de Porvenir, el del hotel Las Américas (Terrorismo), son tres casos emblemáticos en los cuales nosotros somos los más interesados de que acaben, se esclarezcan y se sentencie a quien tenga que sentenciarse, a quien sea, pero por Dios que lo hagan de una vez”, declaró a Cadena A.
“Ojalá que este fin de año lo acaben, ojalá este fin de año estos tres casos emblemáticos tengan sentencia y, la que sea, vamos a obedecer vamos a cumplir y vamos a respetar la decisión que tomen los jueces y los fiscales”, agregó la autoridad.
En los tres casos están implicados políticos del oficialismo y la oposición, y también dirigentes cívicos. Son procesos judiciales que empezaron entre 2008 y 2011 y que no culminan por una serie de acciones legales.
Celeridad. Ante la dilatación del proceso, García considera que las autoridades judiciales encargadas de estos juicios deberían trabajar por tiempo y materia para acelerar los procesos. El caso más antiguo de los tres citados es el denominado Porvenir, que se instauró por la muerte de 13 personas en el departamento de Pando, por impactos de proyectiles de armas de fuego, durante una movilización. Uno de los principales acusados es el exprefecto de esa región Leopoldo Fernández.
A ese juicio le sigue el caso Terrorismo, abierto en abril de 2009, tras un operativo policial en el que se desarticuló a un grupo señalado por el Gobierno de separatista. Esta agrupación fue desbaratada en el hotel cruceño Las Américas donde perdieron la vida tres personas y otras dos sobrevivieron.
El caso Chaparina nace a raíz de una violenta represión policial a la VIII Marcha Indígena, que tuvo lugar el 25 de septiembre de 2011 precisamente en Chaparina (Beni). Los marchistas, que se oponían a la apertura de un camino por el núcleo del Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure, fueron detenidos y llevados a sus lugares de origen.
Filmación del caso Chaparina
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El vicepresidente Álvaro García sostuvo que quien dio la orden de represión a la VIII Marcha Indígena, también autorizó que este hecho sea filmado por alguien de la Policía.
