A dos años del trabajo del nuevo Órgano Judicial electo por voto popular y tras recibir duras críticas de los candidatos presidenciales, el decano del Tribunal Supremo, Rómulo Calle, dice que esta institución aún se encuentra en etapa de transición para su consolidación.
Durante la campaña electoral, una de las áreas más cuestionadas por los postulantes a la presidencia fue el de la Justicia. El Jefe del Estado y candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y los aspirantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Quiroga; de Unidad Demócrata (UD), Samuel Doria Medina; del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado; y del Partido Verde de Bolivia (PVB), Fernando Vargas, rechazaron la labor de los actuales magistrados y expresaron su disconformidad con la elección de estas autoridades a través del voto popular.
El presidente del TSJ, Jorge von Borries, se excusó de opinar sobre estos cuestionamientos. Calle opinó que respetan las opiniones de los candidatos, pero aseguró que se lograron importantes avances en el actual proceso de transición en el que se encuentra la Justicia.
Las nuevas autoridades judiciales heredaron una pesada carga procesal y una vieja estructura que todavía se mantiene, pues actualmente hay 159.000 causas pendientes. Ante esa realidad, la Asamblea paulatinamente aprueba leyes, pero con cierto retraso; mientras que el Órgano Judicial busca alternativas, como el descongestionamiento de causas penales, para tratar de reducir sobre todo los procesos penales y el elevado número de personas detenidas preventivamente.
Calle asegura que existen niveles de coordinación con el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y la Asamblea que permiten avanzar en proyectos importantes que se aplicarán desde 2015.
Denuncia. Pero el relacionamiento institucional entre el Ejecutivo con el Judicial estuvo siempre marcado por mutuas críticas. Un ejemplo reciente se dio con la declaración del presidente del TSJ que rechazó la acusación hecha por la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, en sentido de que vocales, jueces y magistrados se creen “pequeños dioses que no pueden ser denunciados”. Dijo que, como autoridad, debe presentar una denuncia en ese sentido.
Pero más allá de los entredichos, el magistrado Iván Lima suma un elemento más sobre la crisis institucional. Señala que las soluciones a la crisis que se arrastra desde hace varios años fue casi siempre desastrosa. “Su independencia obliga a que sea el mismo Órgano Judicial el que se depure y se reforme. Los jueces somos parte del Gobierno estatal y parte de nuestra independencia está en dirigir la reforma”, indicó.
Bolivia, desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, diseñó un nuevo modelo de justicia, comenzando con la elección por voto popular de las máximas autoridades del sistema judicial y aprobando una serie de normas para combatir la retardación y la corrupción.
Lima afirma que la cabeza del Órgano Judicial requiere de hombres y mujeres con experiencia, conocimiento y trayectoria. Lamentó que esos valores y antecedentes no se den en la mayoría de los actuales magistrados.
“No existe una política judicial, no existe acceso a la información y, lo más peligroso, se ha delegado la función de juzgar a una categoría de funcionario ilegal llamado abogado asistente, cuestionó Lima.
El magistrado Gualberto Cusi agregó el elemento político a la crisis. En su criterio, la selección y elección de autoridades judiciales fue partidaria y, actualmente, casi el 100% de los magistrados y el 90% de los jueces y vocales pertenecen a la línea oficialista.
El presidente del Tribunal Agroambiental, Lucio Fuentes, tiene una mirada más económica del problema. Para él, una solución a la crisis pasa por mejorar el presupuesto del Órgano Judicial, con el fin de incrementar el número de jueces y descongestionar la abultada carga procesal. Pero dijo que esta tarea debe ser acompañada por el Ejecutivo.
