Las declaraciones juradas de bienes y rentas de un grupo de jueces, fiscales y policías son sometidas a un proceso de verificación y cruce de información para establecer la veracidad de los datos, como parte de todo un proceso de lucha contra la corrupción iniciado en 2011, informó la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Los funcionarios públicos tienen la obligación, de acuerdo al parágrafo 3 del artículo 235 de la Constitución Política del Estado, de “prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo”. En el formulario debe informarse sobre su familia y la propiedad o no de bienes inmuebles, vehículos e ingresos antes de asumir un cargo público.
Suxo explicó que actualmente está en curso la verificación de las declaraciones juradas en tres instancias del Estado. “En este momento estamos con la verificación de las declaraciones juradas de un número específico de jueces, fiscales y policías”, señaló la noche de ayer en una entrevista en el canal estatal BoliviaTv.
En 2011empezó con un plan piloto ese trabajo. El presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García y las autoridades del Ministerio de Lucha Contra la Corrupción, entre ellas Suxo, fueron los primeros en someterse a la fiscalización.
El trabajo de verificación consiste en contrastar la información expuesta en la declaración jurada, por ejemplo, con Derechos Reales para ver si el funcionario, evidentemente, cuenta con una sola vivienda o varias. También hay cruce de datos con el sistema financiero para verificar el número de cuentas y los montos, detalló.
Suxo explicó que de encontrarse irregularidades en la verificación el caso es derivado a la Fiscalía para su investigación.
