El delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, observó el juicio de responsabilidades en contra de dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), porque la Asamblea no puede juzgar casos penales.
El martes, el Senado tenía previsto iniciar el proceso en contra de Ligia Velásquez y Rosario Chánez, magistradas del TCP, pero se vio forzado a postergarlo hasta el 4 de noviembre porque la primera sufrió una descompensación. Ambas enfrentarán el juicio por admitir un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Notariado que dejó sin efecto esa normativa.
“En el momento de juzgar hay que tomar en cuenta que la Asamblea Legislativa no es un tribunal en materia penal porque el ejercicio de esa jurisdicción es, normalmente, de tribunales que tienen esa característica. En este marco, el ejercicio de la acción penal en materia criminal pertenece a tribunales específicos. Eso, por su naturaleza, no es del ámbito de la Asamblea”, declaró Racicot.
Proceso. Explicó que, en su momento, formularon otras observaciones al procedimiento del juicio respecto a temas legales, las que fueron denunciadas por las acusadas y que pueden poner en tela de juicio el principio del debido proceso. Añadió que la causa es un tema delicado y frágil, donde también se debe tomar en cuenta la independencia de los órganos.
“Lo que importa es que cada miembro del Senado actúe con base en su propia conciencia, como si fuera un juez individual, precisamente este aspecto es lo más difícil”, dijo Racicot.
En julio, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados halló indicios de responsabilidad en contra de Chánez y Velásquez respecto a la Ley del Notariado, por lo que imputó a ambas por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes.
Racicot también reclamó que debido a la renuncia a participar del proceso de cuatro senadores opositores, la composición del tribunal deja en una situación en la que los asambleístas que juzgarán a las magistradas son de un mismo partido político. El presidente del TCP, Efrén Choque, manifestó su solidaridad con las magistradas procesadas por la Asamblea Legislativa y remarcó que debe haber un respeto a las leyes en todos los órganos del Estado.
“Tenemos denuncias (contra los magistrados) y entenderán que hay una mala práctica, de una especie de atemorizar al conjunto de autoridades judiciales, porque todo son denuncias por acá y por allá. Siento que en esa medida no se debe entender el manejo de la justicia constitucional”, manifestó Choque, autoridad que admitió que casi todos los magistrados tienen demandas judiciales en su contra por diferentes casos.
El lunes, Chánez informó que la Corte Interamericana de Juristas (CIJ) emitió una resolución que pide a la Asamblea parar el proceso en contra de las autoridades del TCP porque un órgano no puede juzgar a otro. Anunció que tiene previsto agotar todas las instancias nacionales, para luego acudir a organismos internacionales.
Al respecto, el expresidente del TCP Ruddy Flores afirmó que el criterio de la CIJ es normal, pero que en Bolivia no hay ninguna norma que establezca un carácter vinculante del pronunciamiento, ya que no es un organismo internacional, pese a que su apreciación puede ser considerada. Aseguró que todas las actuaciones de los magistrados del TCP son sujetas a responsabilidad y cualquier admisión jurisdiccional o administrativa, que no observe el ordenamiento jurídico, puede generar responsabilidad a todos los magistrados.
Sugiere modificar ley 044
Trabajo
El delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, señaló que a futuro se debe modificar la Ley de Juzgamiento a Altas Autoridades (Ley 044) porque la Asamblea no debe procesar casos penales.
