El Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados convocó a declarar a cinco magistrados titulares del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), debido a que son investigados por diferentes denuncias en su contra.
Estas demandas se dieron al margen del proceso contra las dos magistradas suspendidas, Ligia Velásquez y Rosario Chánez, quienes son acusadas de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes, por admitir un recurso de inconstitucionalidad de la Ley del Notariado que paralizó la norma. Por ello, el Senado prevé iniciarles un juicio de responsabilidades el 4 de noviembre.
Los magistrados Efrén Choque, presidente del TCP, Ruddy Flores, Mirtha Camacho, Gualberto Cusi y Neldy Andrade “están denunciados por otros procesos distintos al de la Ley del Notariado. Las causas se las trabaja por separado y, por ello, se los convoca a declarar ante la comisión con base en un cronograma ya elaborado”, informó a este diario el presidente de esta instancia legislativa, Wilfredo Calani.
Trabajo. El asambleísta explicó que se acusa a los magistrados por los delitos de resoluciones contrarias a las leyes, manipulación informática y retardación de justicia, entre otros, debido a que emitieron resoluciones y autos que fueron observados.
Calani informó que ya se notificó a Choque y Cusi y que ambos comparecieron ante su comité para acogerse al derecho al silencio. Éstos fueron denunciados por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, por emitir una resolución inconstitucional y fuera de los plazos.
Según el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), también se notificó a Flores, expresidente del TCP. Además indicó que está en proceso de notificación la magistrada Camacho, acusada en el mismo caso demandado por el Alcalde de La Paz.
“Luego de que emitan sus respectivas declaraciones y presenten sus pruebas de descargo los magistrados del Tribunal Constitucional, este Comité de Ministerio Público hará un análisis del caso, para ver si procede o no el proceso o, en todo caso, si fuera necesario remitirlo a la justicia ordinaria”, explicó el asambleísta.
Cusi, después de declarar ayer, afirmó que en la Asamblea tiene tres procesos en su contra, uno por el municipio de La Paz y otro por una resolución de un amparo constitucional y retardación de justicia, al margen del relacionado con la Ley del Notariado. Para estas causas, sus abogados analizan la acción de defensa que asumirán.
“Nos quieren atemorizar y amedrentar a los magistrados con todas las denuncias que nos hacen, aparte recibimos amenazas”, denunció Cusi. Sostuvo que el Gobierno está detrás de los procesos y, para ello, tiene varios operadores que trabajan en algunos ministerios y que incluso hay gente del mismo TCP que hace esa labor.
El miércoles, el presidente del TCP denunció, en una rueda de prensa, que los magistrados tienen varias denuncias por diferentes motivos y casos, acciones que son consideradas como recursos para atemorizar al conjunto de autoridades judiciales.
Ante los juicios en contra de las autoridades del TCP, el delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, observó el juicio de responsabilidades previsto instaurar a Velásquez y Chánez, ya que la Asamblea no puede juzgar casos en materia penal. Además cuestionó que en el proceso a las autoridades juzguen senadores de un solo partido político.
Senado respetará derechos
Juicio
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, aseguró que el Tribunal de Sentencia respetará los derechos de las magistradas Rosario Chánez y Ligia Velásquez, en el juicio que se les abrirá por la Ley del Notariado.
