La Asamblea Legislativa Plurinacional otorgó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un plazo fatal de cinco días hábiles para el total cumplimiento de la Ley 334 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, bajo responsabilidad de incumplimiento de deberes.
La conminatoria de ley está incorporada en la segunda disposición transitoria, que ordena al Tribunal “emitir los instructivos o circulaciones correspondientes” a todas las instancias que administran justicia.
También crea una Comisión de Seguimiento y Monitoreo como instancia de decisión y fiscalización del proceso de implementación para el descongestionamiento del sistema penal, la que estará constituida por los ministerios de Economía y Justicia, la Fiscalía General y titular del Tribunal Supremo de Justicia.
La ley, que está en el Palacio de Gobierno para su promulgación, advierte a las autoridades judiciales y de la Fiscalía que el incumplimiento de las disposiciones legales será tipificado como faltas disciplinarias graves y gravísimas, sin perjuicio de responsabilidad penal por incumplimiento de deberes.
La norma, además, da un plazo de 15 días a los jueces de Instrucción Penal para conminar a los fiscales que en un plazo de 25 días identifiquen los casos preliminares paralizados hace un año, a fin de que sean publicados antes de su archivo.
