El Defensor del Pueblo de Bolivia denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la muerte violenta de 32 cadetes en el Ejército ocurrida en los últimos tres años.
La CIDH, un organismo autónomo que vela por los derechos humanos en el continente americano, mantuvo hoy dos audiencias públicas sobre Bolivia en la cuarta jornada de su 153 periodo de sesiones que se celebra en Washington.
En la primera, los representantes del Defensor del Pueblo boliviano expresaron «su profunda preocupación» sobre los diferentes casos de violaciones de derechos humanos en el seno de las Fuerzas Armadas y la Policía Bolivariana.
Alertaron de «la existencia de un patrón sistemático de violencia» en el que prevalece «la impunidad», pues los culpables no han recibido sentencia condenatoria, aunque están siendo enjuiciados por la jurisdicción ordinaria y no militar, un logro en el que coincidieron ambas partes.
En total, la Defensoría del Pueblo ha contabilizado 32 «trágicos» decesos y 60 casos de graves violaciones del derecho a la integridad física durante los años 2011, 2012 y 2013.
«Es preciso señalar que los casos presentan características comunes, lo que implica que los hechos trascienden el hecho particular de la víctima individual y afectan a una situación generalizada de violencia en las Fuerzas Armadas y Policiales», señaló Daniela Saavedra Murillo, del Defensor del Pueblo.
Saavedra detalló el caso de 53 cadetes que cayeron del segundo piso de la Academia Nacional de Policía cuando eran perseguidos por sus supervisores con pistolas eléctricas.
Tres de ellos murieron y el resto denunciaron los hechos, situación ante la que los instructores obligaron como represalia a cinco damas cadetes a realizar fuertes ejercicios físicos, que llevaron a la muerte a una de ellas, Cinthya Poma Gutiérrez.
La representante citó también el conocido caso del subteniente Grover Beto Poma Guanto, de 26 años, que en febrero de 2011 murió por una paliza propinada por siete instructores de la Escuela de Cóndores de Bolivia (ESCOBOL), en Sanandita, departamento de Tarija.
Además, la representante del Defensor del Pueblo incidió en el caso de un joven con discapacidad intelectual al que su instructor propinó brutales palizas y privó arbitrariamente de libertad para atarle de pies y manos durante una semana.
En ese tiempo, le sumergió en agua, le quemó y le golpeó hasta que fue rescatado por vecinos del lugar, según Gutiérrez.
Tras tres meses de detención, el agresor dio a la familia del joven 3.500 dólares y logró su libertad, lo que demuestra «la patente impunidad» de los mandos militares que abusan de soldados de baja gradación, según el Defensor del Pueblo.
Ante esas denuncias, el Estado reconoció que existen problemas sin resolverse, pero aseguró que se han producido «grandes avances» desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, que permitió establecer un «rígido sistema de potestades regladas».
En su intervención, la representante del Ministerio de Defensa de Bolivia, Liliana Guzmán, evocó al presidente Evo Morales, que «lo que más recuerda de cuando era soldado era pasar hambre», algo que ya no se produce porque «el presupuesto va a la olla del soldado».
Por su parte, el comisionado Paulo Vannuchi recalcó que «los problemas (de las Fuerzas Armadas) existen en el marco de 500 años de colonización, dictaduras y la Doctrina de Seguridad Nacional que se consagró por tanto años».
Finalmente, el Estado invitó a la Comisión, especialmente a la Relatoría para Personas Privadas de Libertad, a realizar una visita «in situ» al país para abordar ese tema.
