Bolivia rechazó hoy, al término del Examen Periódico Universal (EPU) sobre su situación de derechos humanos -mecanismo regular al que se someten los Estados miembros de la ONU-, ciertas recomendaciones que recibió de distintos países por considerar que no se corresponden con su realidad.
En el informe del grupo de trabajo del EPU sobre Bolivia, ese país declinó recomendaciones como la de Croacia, que sugería «prestar más atención a los problemas relacionados con la independencia del proceso judicial».
La misma suerte corrió una sugerencia de Eslovaquia para lanzar una reforma judicial con vistas a resolver problemas de acceso a la Justicia, las interferencias en los procesos judiciales y la acumulación de casos.
En tanto, Israel pidió a Bolivia «revocar o modificar normas legales que niegan o limitan los derechos de las personas en base a su orientación sexual e identidad de género», mientras que México le instó a «adoptar un plan estratégico para evitar la alta tasa de deserción escolar y erradicar el trabajo infantil».
Otras declaraciones relacionadas con problemas de trabajo de menores, en edades inferiores a los estándares mínimos internacionales, fueron igualmente puestas de lado por Bolivia.
En materia de libertad de información, Estados Unidos pidió a Bolivia reconocer que los medios de comunicación libres e independientes son esenciales para la democracia y que, por ello, debía «permitir a periodistas y medios operar sin miedo».
Bolivia consideró que las recomendaciones arriba mencionadas «no están actualizadas o no reflejan nuestra realidad».
En la presentación previa de su propio informe sobre la evolución de los derechos humanos en el país, la delegación oficial de Bolivia destacó que el modelo boliviano había permitido reducir la pobreza extrema del 38 % en 2005 al 18 % en 2013.
Mencionó, en ese contexto, que el Estado ha asumido la administración de los recursos económicos estratégicos y redistribuido las ganancias a través de la entrega de bonos de carácter social.
Sobre la libertad de expresión, se recalcó que está garantizada y que en los últimos años se han adoptado diversas normas para la protección de los periodistas.
En el apartado de las recomendaciones aceptadas por Bolivia figura la de tomar medidas adicionales para combatir el racismo y discriminación en todas sus formas, especialmente contra mujeres, niños, indígenas y afrobolivianos, sancionar los casos que se produzcan, así como implementar programas de educación y formación para combatir este fenómeno.
Asimismo, Bolivia acogió positivamente la idea de reforzar los puestos de control fronterizos, así como los esfuerzos para combatir el tráfico de personas.
En este ámbito, aceptó establecer una política para el retorno de víctimas de trata y su rehabilitación y reintegración en el mercado laboral.
