La Defensoría del Pueblo denunció ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos casos de vulneración de derechos humanos infringidos en instituciones militares y policiales. Luego solicitó a esta institución la intervención ante el Estado boliviano por hechos de violencia, tortura y explotación de conscriptos.
La CIDH recibió y luego analizó esta solicitud en la audiencia temática realizada en Washington, Estados Unidos, donde estuvo presente también la representación de la Procuraduría General del Estado.
El delegado de la comisión de la Defensoría, Marco Loayza, hizo lectura de una carta enviada por el defensor del Pueblo, Rolando Villena, en la cual se refiere a las muertes de cuatro integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los enfrentamientos en Apolo, de la enfermera Jeannett Zulema Vargas Santos, y el deceso de la cadete Cinthia Poma en la Academia Nacional de Policía.
El informe detalla además que entre 2011 y 2013 la Defensoría recibió 343 denuncias contra miembros de las FFAA. De ese total, 79 se referían a la vulneración del derecho a la integridad física, psíquica y moral; 105 fueron presentadas por conscriptos y 242 estaban fundadas.
“Hoy hemos acudido ante ustedes como último recurso (…) ya que entendemos que las gestiones que emprendimos, en el marco de nuestras competencias, han resultado y probablemente resultarán infructuosas porque no parece haber voluntad política para afectar los mecanismos al interior de las Fuerzas Armadas y los centros de formación policial”, manifestó Loayza según una nota institucional.
En la misma audiencia, el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Pablo Menacho Diederich, aseguró que en “materia de derechos humanos” en el país hay “avances normativos”, según otra nota.
