El senador opositor boliviano Roger Pinto compareció hoy ante las autoridades brasileñas, que han quedado a un paso de decidir sobre el pedido de refugio que presentó en agosto de 2013, cuando llegó al país en medio de un conflicto diplomático entre La Paz y Brasilia.
Pinto prestó testimonio ante la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), que depende del Ministerio de Justicia y que cumplió con esa comparecencia con el último paso del proceso para decidir si la solicitud procede o no.
El abogado de Pinto, Fernando Tiburcio, lamentó en declaraciones a Efe que la audiencia celebrada este jueves haya sido realizada «casi un año y medio» después de que el senador llegó a Brasil, tras haber estado asilado en la embajada brasileña en La Paz durante quince meses.
El senador boliviano, quien se dice perseguido por el Gobierno de Evo Morales, se asiló en la embajada el 28 de mayo del 2012 y, con ayuda diplomática brasileña, la abandonó y se dirigió a Brasil el 23 de agosto del año pasado, sin el necesario salvoconducto.
Desde entonces espera por una respuesta al pedido de refugio que, según afirmó Tiburcio, fue postergada por «intereses políticos» que pretendían que fuera tomada después de las elecciones celebradas en Brasil el pasado octubre, en las que fue reelegida la presidenta Dilma Rousseff.
«Temíamos que el caso sólo sería analizado tras las elecciones y así fue», explicó Tiburcio a Efe.
El abogado agregó que «no tiene ningún sentido haber esperado tanto» y manifestó su «preocupación» por el tiempo que la Conare se tomará ahora para analizar el testimonio del senador.
Tiburcio dijo que tenía informaciones de que la decisión podría ser tomada la próxima semana, aunque aclaró que la Conare no se lo ha confirmado.
Aún así, expresó su temor de que, por «presiones políticas», se decida en un plazo que no permita a los miembros de ese organismo estudiar con el necesario detenimiento un caso que, en su opinión, está siendo «politizado».
«Me preocupa mucho que ciertas instituciones del Estado brasileño se transformen en instituciones ‘bolivarianas'» y actúen en función de intereses más políticos que jurídicos, apuntó Tiburcio, en una alusión a las estrechas relaciones que existen en los Gobiernos de Brasil y Bolivia.
La salida de Pinto de la embajada brasileña en La Paz, que Bolivia consideró una «fuga», generó un conflicto diplomático, que ambos gobiernos ya han dado por superado, y llevó a la renuncia del entonces canciller brasileño Antonio Patriota.
Pinto afronta ante la Justicia boliviana cinco juicios por supuesta corrupción y, en uno de ellos, ya ha sido condenado a un año de prisión, razones en las que se escudaba el Gobierno de Morales para negarle el salvoconducto necesario para abandonar la embajada.
El año pasado, el Gobierno boliviano entregó a la Conare una serie de documentos sobre los procesos en los que el senador responde ante la Justicia de su país.
En Brasil también se encuentra a la espera de refugio el exfiscal boliviano Marcelo Soza, implicado en violentos hechos ocurridos en abril de 2009 en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.
Soza también estuvo este jueves en la Conare, pero según sus abogados lo hizo sólo para consultar el estado de su proceso, iniciado en marzo pasado, cuando arribó a Brasil.
