La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la ampliación por un año del Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía que entró en vigencia nuevamente desde ayer. El objetivo de la norma es terminar con el hacinamiento dentro de las cárceles del país.
La nueva ley fue aprobada por el pleno luego de un debate de dos horas; había sido remitida a la Asamblea Legislativa hace aproximadamente dos meses, el 18 de septiembre, y ayer recién fue objeto de tratamiento.
“Entra en vigencia hoy (ayer) luego de que la Asamblea la aprobó; esta norma ayudará a disminuir el hacinamiento carcelario que se vive actualmente en los recintos penitenciarios”, informó el presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas.
En septiembre de 2013, el presidente Evo Morales emitió el decreto que da curso a este beneficio para aquellas personas privadas de libertad y su vigencia terminaba el 17 de septiembre de 2014. Según esta norma, los reos de los penales del país deben cumplir determinados requisitos para acogerse al beneficio.
Con la Ley de indulto, que rigió casi un año, se beneficiaron hasta el 7 de agosto al menos 950 privados de libertad, pese a que el Gobierno en un principio había estimado unos 2.000 liberados. El 17 de septiembre, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, adelantó que la determinación asumida por el Gobierno central de ampliar el indulto no se volverá a repetir en el futuro.
El decreto estipula que los reos que quieran acogerse al beneficio deben tener una sentencia inferior a ocho años por delitos menores y preventivos por retardación de justicia.
El senador Rojas remarcó que también se podrán beneficiar las personas privadas de libertad que hayan cumplido un cuarto de la pena y de acuerdo con la sentencia que tengan.
Sentencias. Además, Rojas dijo que los reos por la Ley 1008 y que tengan sentencia de diez años no podrán acogerse a este beneficio, esto pese a que en octubre internos de la cárcel de San Pedro enviaron cartas solicitando que el indulto se flexibilice y acoja, precisamente, a los sentenciados a diez años por la 1008.
En el artículo 4º del decreto se establece que no podrán beneficiarse “las personas condenadas o procesadas por delitos en los que la Constitución Política del Estado (CPE) o Código Penal no admiten indulto, las que cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada o procesadas por delitos de asesinato, violación a niños o adolescentes, traición a la patria, espionaje, secuestro, trata y tráfico de personas, terrorismo, robo agravado y contrabando”.
El primer indulto fue emitido el 31 de diciembre de 2012, mediante el Decreto Supremo 1145, y los primeros 27 beneficiarios fueron liberados de las cárceles en febrero.
Datos de las cárceles
En 2013, el por entonces ministro de Gobierno Carlos Romero justificó la norma debido a que existen 14.771 reos en el país, de los que el 83,3% está con detención preventiva y el 16,7% tiene condena. Agregó que 13.093 son hombres y 1.098 mujeres.
El Gobierno emitió el decreto después de una reyerta de- satada en la cárcel cruceña de Palmasola el 23 de agosto de 2013, por una pugna de poder, en la que murieron 34 internos y un niño. También criticó la lentitud de los procesos judiciales.
