Tres años después de abrir la pesquisa del caso Chaparina, la comisión del Ministerio Público resolvió excluir del proceso al exdirector de Régimen Interior Boris Villegas y a dos exautoridades de la Policía, los generales Jorge Santiesteban y Edwin Foronda, por la falta de pruebas.
El 25 de septiembre de 2011, la Policía intervino en Chaparina (Beni) la marcha indígena que se trasladaba de Trinidad a La Paz para oponerse a la apertura de una vía por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Por esa acción se abrió un proceso judicial a cargo de una comisión de fiscales que, en 2012, resolvió separar del proceso al entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti, decisión que fue apelada y rechazada.
“Lo extraño es que hay una nueva resolución de rechazo de querella a favor de Villegas (…) con esto serían tres los excluidos (Villegas, Foronda y Santiesteban), que tienen el mismo grado de responsabilidad, pese a que él (Villegas) dijo que Sacha Llorenti le encomendó acudir a ver que no se vulneren los derechos en la intervención, lo que demuestra que recibió una orden directa del ministro de Gobierno”, declaró Claudia Lecoña, abogada de Olga Flores, una víctima de la represión.
Irregular. Lecoña sostuvo que la determinación asumida por la comisión de fiscales es política, porque no hizo un análisis verdadero de los hechos, ya que no solo es hacer una imputación en contra de los policías que hicieron la intervención, sino también se debe hacer contra aquellos que dieron la orden directa de ejecutar el plan.
Según la jurista, Villegas, Santiesteban y Foronda fueron querellados por los delitos de genocidio, lesiones graves y leves, privación de libertad, desaparición forzada, vejaciones, allanamiento y torturas, acusación que, según la resolución, la investigación no aportó elementos suficientes para fundar una imputación en contra de ellos.
Este diario intentó entrevistar a la fiscal del caso, Patricia Santos, pero en su oficina informaron que no estaba. En febrero de 2013, este medio informó que cuatro días después de la intervención policial, el entonces ministro de Gobierno Wilfredo Chávez recibió un informe de Villegas que indicaba que Llorenti estaba informado del operativo de represión en 2011.
La resolución citada por Lecoña indica que La Fiscalía apunta que Villegas y el exviceministro de Gobierno Marcos Farfán se negaron a intervenir la marcha, acción solicitada por el entonces subcomandante de la Policía Óscar Muñoz, ya que ellos llegaron al lugar de los hechos luego del conflicto.
En 2013, Ayda Camacho, abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), reveló un supuesto informe confidencial del plan de intervención a la marcha, en la que Foronda aseguró que Villegas le ordenó efectuar la intervención por orden de Llorenti y que comunicó esa decisión a su comandante Santiesteban. De acuerdo con la comisión de fiscales, Foronda hizo cumplir la contraorden de no reprender la marcha y dejó el mando del contingente policial al Subcomandante de la Policía. La Fiscalía sostiene que se rompió la cadena de mando y Muñoz ejecutó la represión sin comunicarlo al comandante de la Policía Santiesteban.
En febrero de 2013, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, solicitó al fiscal general, Ramiro Guerrero, investigar a la fiscal de Distrito en suplencia Legal de La Paz, Rosario Venegas, por ratificar una resolución que excluye a Llorenti en el caso Chaparina. También denunció la existencia de injerencia del Ejecutivo.
Farfán es acusado de omisión
Proceso
El 18 de septiembre, la Fiscalía anunció la imputación, por omisión, al exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán en el caso Chaparina, ya que él estuvo en el lugar y no hizo nada para evitar la represión a los indígenas.
