La Asamblea Legislativa Plurinacional validó ayer su competencia para normar la elección regional en Santa Cruz, donde no existe un estatuto autonómico constitucionalizado. Rechazó así un recurso del Legislativo cruceño en contra de la Ley Transitoria Electoral.
Minutos después del mediodía, el presidente nato del Legislativo Plurinacional, Álvaro García Linera, leyó la resolución con la que dejó sin efecto el recurso que presentó, el 31 de octubre, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz que, en paralelo, sancionó una ley para reglamentar, en su territorio, los comicios subnacionales de marzo.
“No deberíamos haberlo hecho (aprobar la Ley Transitoria) si las asambleas departamentales hubieran contado con sus estatutos autonómicos sometidos a constitucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Lamentablemente esto no ha sucedido, con excepción de Pando”, argumentó García Linera.
Constitucionalidad. Mientras la discusión subía de tono en La Paz, una misión de juristas de la Asamblea de Santa Cruz llegó a Sucre para consignar en el TCP un recurso de conflicto de competencia basado en el artículo 95 de la Ley 254 que se refiere a una entidad que considera que otra ejerce una competencia que no le corresponde de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE).
El vicepresidente García Linera precisó, basado en el artículo 299 de la Carta Magna, que dentro del Estado existen competencias compartidas con los niveles subnacionales departamentales y municipales.
Explicó que en el ámbito electoral, el Legislativo plurinacional tiene la potestad para elaborar la ley general marco y que las asambleas departamentales tienen la atribución de legislar la aplicación y desarrollo en detalle de la elección. Con base en el artículo 278 de la CPE, señaló que “son los estatutos autonómicos los que definen la aplicación” de la ley electoral y no una ley departamental.
“Vemos que es una falta de trabajo, de consensos y construcción de acuerdos y alianza para la validación de los documentos autonómicos”, sentenció García Linera a tiempo de recordar que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, es el más beneficiado por la Ley Transitoria, porque le permitirá su repostulación en 2015.
El Vicepresidente, entonces, hizo referencia al artículo 28 del proyecto del estatuto cruceño que señala que la autoridad departamental puede repostularse pero en “periodos discontinuos”. Si el documento tuviera plena vigencia, Costas estaría inhabilitado para participar de los comicios del 29 de marzo de 2015. El gobernador Costas confirmó su candidatura a la Gobernación y remarcó que, en caso de ganar las elecciones, entre 2015-2020 asumiría su último mandato continuo, tal como lo establece la CPE.
Opositores temen por ‘golpes’ en las regiones
Un grupo de opositores consideró que la Ley Transitoria Electoral facilitará “golpes de Estado” en las gobernaciones, porque se excluyó de la norma la figura de vicegobernador, autoridad que sucedería a la autoridad electa en caso de que deje el cargo por cualquier motivo.
“Hemos solicitado la presencia del vicegobernador. Debería estar presente en la norma para que no se designe el futuro de los departamentos desde La Paz. Es un nuevo golpe a la autonomía”, señaló ayer la diputada por Convergencia Nacional Diana Paputsakis. La Ley Electoral establece otro tipo de autoridades subordinadas como el subgobernador.
“Vamos a recuperar lo que con golpes de Estado nos quitaron”, señaló ayer el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. En 2010 el Legislativo de Tarija destituyó al gobernador Mario Cossío por tener procesos penales en su contra y huyó a Paraguay. En Pando, el prefecto Leopoldo Fernández en 2008 fue detenido por cargos contra el Estado. El Gobierno repuso a estas autoridades. El diputado Franklin Garvizú (MAS) criticó a la oposición e indicó que los opositores “quieren maquillar la incapacidad” de las autoridades regionales revocadas.
