La Asamblea Legislativa Plurinacional modificará la ley de juicio de responsabilidades a altas autoridades del Estado para separar atribuciones y derivar a la Justicia ordinaria los procesos contra autoridades del Órgano Judicial, informó el vicepresidente Álvaro García, quien añadió que el ajuste correrá en el juicio contra tres magistrados del Tribunal Constitucional.
En un juicio de responsabilidades, la Cámara de Diputados hace de acusador o Fiscalía y el Senado de Tribunal de Sentencia. El artículo 23 de la ley de juicio para altas autoridades establece que “la sentencia condenatoria podrá imponer la inhabilitación especial del condenado”, consistente en la pérdida del mandato e incapacidad para obtener mandatos, cargos, empleos o funciones públicas.
“Hoy por hoy estaba fusionado, (el Senado) destituía y daba una sanción penal”, señaló García para explicar que el objetivo de la futura norma es separar, precisamente, esas atribuciones en el caso de juicio a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y el Fiscal General.
“Estamos incorporando en la ley un perfeccionamiento de la ley. El Senado va a tener una función y una sanción que puede llegar hasta la destitución del cargo (a autoridades del Órgano Judicial), (mientras que) la parte penal, si hubiera, la deriva a la Justicia ordinaria. Eso es lo que se va a corregir, se va a perfeccionar en las siguientes horas”, anunció tras una reunión en Palacio de Gobierno con los presidentes del Senado, Eugenio Rojas; Diputados, Marcelo Elio, y el Procurador, Héctor Arce.
La reforma será aprobada antes del inicio del juicio a los suspendidos magistrados del Tribunal Constitucional Gualberto Cusi, Soraida Chánez y Ligia Velásquez para que pueda aplicarse en ese proceso. “(El tratamiento de la ley) va a correr de manera inmediata, va a ser propuesta en la Cámara de Diputados, y consideramos que va a ser un buen elemento que va a mejorar el proceso que se va a iniciar en el Senado, a partir del 4 de diciembre”.
Añadió que el juicio contra las tres autoridades, que iniciará en diciembre, concluirá en esta legislatura y por más que los acusados “presenten 1.000 testigos o se desmayen”. Reiteró sus críticas a la administración de Justicia y señaló que varias autoridades judiciales debieran ser retiradas de sus cargos.
Los tres magistrados suspendidos de sus cargos están acusados por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a las leyes e incumplimiento de deberes tras haber suspendido la vigencia de la ley del Notariado.
