El defensor del Pueblo, Rolando Villena, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado incumplió cuatro recomendaciones emitidas en una sentencia de 2008 sobre el caso Renato Ticona Estrada, desaparecido el 22 de julio de 1980 durante el gobierno dictatorial de Luis García Meza.
Villena informó al organismo que el Estado incumple la obligación de buscar los restos de Estrada, la prestación de tratamiento médico y psicológico a sus padres y hermanos; la identificación y juzgamiento de los responsables del hecho y la creación del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas.
El Estado cumplió con el resarcimiento económico a sus familiares ($us 455.000) y dispuso la nominación de la plaza ubicada frente a la Universidad Técnica de Oruro con el nombre de Renato Ticona Estrada. En la audiencia estuvieron presentes siete representantes del Gobierno para responder a los cuestionamientos planteados por el Defensor.
Los magistrados del Tribunal expresaron su preocupación por la inexistencia de una estrategia coherente y coordinada que incluya planes efectivos desde el Estado boliviano para atender la sentencia y resarcir los derechos vulnerados del joven desaparecido y sus familiares, según se informa en un boletín de prensa de la Defensoría.
