La dirigencia de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), que está en emergencia por la suspensión de aportes para esa organización, definirá medidas de presión, como la huelga de hambre, para radicalizar su presión. El 8 de noviembre, el Comando de la Policía Boliviana suspendió los descuentos de Bs 6, por concepto de aporte mensual a la Anssclapol, a los cerca de 34.000 efectivos de bajo rango que hay en el país.
“Hemos agotado todos los trámites administrativos que existen, impugnando la resolución administrativa que es considerada un error jurídico y nos responden que somos autónomos e indican que el Comando (General) no puede hacer nada”, dijo el titular de Anssclapol, sargento Javier Quispe.
Aseguró que la medida del Comando de la Policía solamente busca callar la voz de los efectivos de base porque sus derechos llegan a ser vulnerados, por lo que anunció para hoy una asamblea, en la que se determinarán las medidas de presión a seguir.
Consenso. Quispe remarcó que los jubilados y las esposas de los policías de baja graduación continúan en estado de emergencia y que la medida se mantendrá hasta que el Gobierno y autoridades policiales solucionen el tema.
Entre las medidas que hoy se pueden asumir está la huelga de hambre, que se instalaría en la sede de la Anssclapol. Además no se descarta que los jubilados y las esposas de los efectivos inicien movilizaciones de protesta.
Un representante de los policías jubilados, que pidió la reserva de su identidad, adelantó que el sector asumirá las primeras medidas de presión después de la asamblea general de los miembros de la Anssclapol. Además aseguró que apoyarán todas las resoluciones que se asuman. Las esposas de los policías también demandan la restitución de los aportes para la Anssclapol.
En octubre, la Fiscalía inició procesos en contra de la dirigencia de Anssclapol porque lideró una movilización de los efectivos de baja graduación con el objetivo de exigir la fusión del bono de seguridad ciudadana al haber básico. En ese hecho los efectivos policiales tomaron algunos cuarteles policiales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, además se replegaron de sus unidades en todo el país. Por eso, el Comando de la Policía los acusó de sedición e instigación a delinquir en la institución.
