El fiscal General, Ramiro Guerrero, planteó que las preguntas del referéndum para reformar la Justicia deben apuntar a erradicar la corrupción y la retardación de una forma estructural para, entre otros aspectos, anticipó, evitar una “abusiva” recurrencia a incidentes establecidos en materia penal y plazos de ley extensos.
El presidente Evo Morales informó ayer, en el inicio de actividades del Ministerio Público, que alentará, tras el inicio de su tercer mandado el 22 de enero, un referéndum para encaminar la revolución judicial que no arrancó pese a la elección de sus máximas autoridades por voto ciudadano. Planteó a la Fiscalía General liderar el proceso.
Guerrero perfiló hoy que tras el 22 de enero presentará una propuesta de preguntas hacia la consulta ciudadana, aunque consideró que las líneas matrices deben estar orientadas a resolver de forma estructural la corrupción, el “ritualismo” y “formalismo” de los procesos judiciales que son algunos de los factores, señaló, de la retardación.
“Estamos trabajando, hemos recibido una tarea, un mandato claro del Presidente. Consideramos que se debe trabajar cómo erradicamos la corrupción en el sistema de Justicia, cómo erradicamos la retardación. Hay excesivo ritualismo, formalismo, todavía en la formación de los abogados hay esa mentalidad inquisitiva, que todo trabajo es burocrático, en plazos extensos”, señaló en una entrevista con la estatal emisora Patria Nueva.
Morales afirmó ayer que “la Justicia, prácticamente está aplazada” y anunció el referéndum para que la población defina el curso de las reformas en ese órgano del Estado. “Que el pueblo defina mediante un referéndum una profunda revolución dentro de la Justicia boliviana. Si hay que hacer una reforma a la Constitución, hay que hacerlo mediante el referéndum”, anunció.
La Ley de Régimen Electoral establece en el artículo 16 que el referéndum nacional puede ser convocado por el Presidente mediante Decreto Supremo. El artículo 18 prevé como procedimiento, la remisión de las preguntas de la consulta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para su verificación técnica y luego a control constitucional para su viabilidad final.
En elecciones de 2011 fueron elegidas las máximas autoridades de los tribunales Agroambiental, Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, en el marco de la Constitución aprobado en 2009. Los magistrados del control constitucional Gualberto Cusi, Soraida Chánez y Ligia Velásquez enfrentan hoy un juicio de responsabilidades por suspender la vigencia de la ley del Notariado.
Guerrero aseguró que la Fiscalía del Estado trabaja en la propuesta hacia la consulta ciudadana y consideró que las próximas reformas deben ser parte de una política criminal.
