La comisión mixta de la Asamblea Legislativa que investiga los efectos de la capitalización de las empresas públicas —periodo que abarca entre 1989 y 2003— concluirá hasta este viernes el informe final que identifica a los responsables del “daño económico” contra el Estado boliviano.
“Hay políticos y expolíticos que están implicados (…) esta semana es para elaborar el informe, hemos recopilado (información) de cada empresa privatizada”, señaló el diputado oficialista Galo Bonifaz, parte de la comisión de investigación.
Según el legislador, el informe identifica a al menos 19 exautoridades de los gobiernos de Jaime Paz (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y Jorge Quiroga (2001-2002).
El informe “exhaustivo” final que abarca cuatro fojas precisa las cifras monetarias que beneficiaron a las familias de los 19 involucrados. El Legislativo prevé recomendar la instauración de un juicio de responsabilidades en la Justicia Ordinaria en contra de los responsables.
El expresidente Quiroga y el empresario Samuel Doria Medina, quienes fueron identificados como responsables de este proceso, adelantaron con anterioridad que se defenderán ante cualquier tribunal.
El vicepresidente Álvaro García Linera respaldó esta posibilidad bajo el argumento que se generó daño económico al Estado. Un informe preliminar establece que este proceso le representó al país la pérdida de unos $us 444.458.131.
La investigación identificó tres fases. En la primera (1991 a 1993) se registró el daño económico en al menos 60 empresas privatizadas. En la segunda fase (1993 a 1997) se identificó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), entre otras empresas públicas.
