El primer juicio de responsabilidades en el Estado Plurinacional acabó con una sentencia condenatoria contra la magistrada suspendida del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Soraida Chánez y abrió el paso a otros procesos en curso contra máximas autoridades del Órgano Judicial, de acuerdo al anuncio del vicepresidente Álvaro García.
Chánez fue condenada con la pérdida de su mandato y el caso no quedó con la sanción administrativa, porque los obrados fueron remitidos a la Fiscalía para una investigación y proceso penal. Fue la única de la sentencia, ya que su colega Ligia Velásquez dimitió al cargo y fue excluida, aunque su caso también pasó al Ministerio Público.
El magistrado suspendido Gualberto Cusi fue separado momentáneamente del juicio por su estado de salud, por lo que la nueva legislatura deberá retomar el proceso. Las reformas incorporadas a la ley de juicio de responsabilidades a altas autoridades establecen la sanción administrativa en la Asamblea y la penal en la vía ordinaria.
Este es el primer caso de esas características en el nuevo Estado Plurinacional. La Cámara de Diputados aprobó el juicio de responsabilidades y el Senado se constituyó en Tribunal de Sentencia. De los 19 miembros del jurado, 17 votaron por la sentencia y viabilizaron la destitución y pérdida de mandato de Chánez.
García informó ayer que la próxima legislatura continuará juicios contra otras autoridades. “Y otros magistrados y otras magistradas que tengan acusaciones de corrupción e incumplimiento de deberes van a ser enjuiciados en la siguiente legislatura”, anunció.
Entre los antecedentes de juicio de responsabilidades contra autoridades judiciales figura el proceso abierto en 2007 contra los magistrados del Tribunal Constitucional Elizabeth Iñiguez, Martha Rojas, Artemio Arias y Walter Raña por el delito de prevaricado. En 2009, el expresidente de la exCorte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, fue suspendido del cargo y acusado por el Legislativo por retardación de Justicia.
