La exmagistrada del Tribunal Constitución Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez pudo haberse librado del proceso que le seguirá el Ministerio Público si sus abogados hubieran solicitado el archivo de obrados, pero como no lo hicieron proceso deberá abrirse el proceso judicial, informó el diputado Rodolfo Calle, quien fue parte acusadora en el juicio de responsabilidades sustanciado en el Senado.
“En el caso de la magistrada Velásquez, tranquilamente sus abogados pudieron decir que se archive obrados y que no sea derivado al Ministerio Público. La última parte de la Ley 612, en el artículo 44 bis establece de que el legislador podrá derivar ante el Ministerio Público, no dice deberá. Entonces, ellos debieron solicitar que no se derive al Ministerio Público, pero ellos han insistido en que culmine”, explicó.
El Senado, que hace de Tribunal de Sentencia en juicio de responsabilidades, aceptó la renuncia de la magistrada y viabilizó la suspensión del proceso contra la acusada por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes. Además derivó obrados al Ministerio Público para una investigación penal.
“(A Velásquez) se la ha destituido definitivamente (de su cargo) y por ende, estamos llevando los antecedentes al Ministerio Público, pero lamentablemente ha sido mal asesorada esa persona”, afirmó Calle.
También fueron procesados por la suspensión de la vigencia de la ley del Notariado los magistrados Gualberto Cusi y Soraida Chánez, quien fue condenada ayer con la destitución del cargo y la pérdida de su mandato, que lo consiguió en las elecciones judiciales de 2011. En ese caso, los obrados también fueron remitidos a la Fiscalía.
Cusi fue apartado temporalmente del caso hasta la próxima legislatura para que pueda restablecerse de su delicado estado de salud.
Chánez tiene 15 días calendario para impugnar la resolución del Tribunal de Sentencia.
