Martin Belaunde está en la ciudad de Santa Cruz y permanecerá en Bolivia a la espera de la decisión de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), informó Jorge Valda, quien aseguró ser abogado del prófugo de la justicia peruana. Añadió que el arribo de una comisión de Lima para evitar el refugio es una muestra de la persecución política de su cliente.
“El señor Martin Belaunde está en Bolivia, está en Santa Cruz. Vamos a demostrar a la prensa internacional, para evitar especulaciones, que él está acatando el proceso de refugio que ha iniciado ante el Conare. Él va a acatar las determinaciones que tome el Estado boliviano y está a disposición de lo que requieran las autoridades”, afirmó a la red Erbol.
El Gobierno de Ollanta Humala pidió a su homólogo boliviano la ‘inmediata expulsión’ del empresario Belaunde, prófugo de la justicia por la supuesta comisión de delitos como corrupción. Lima también solicitó a los países limítrofes con Bolivia reforzar sus controles fronterizos para bloquear cualquier intento del prófugo peruano de huir a un tercer país.
Valda aseguró que su cliente tiene “libertad de locomoción” y afirmó que se encontraba a su lado, aunque explicó que, por el momento, no tendrá un contacto directo con los medios de comunicación.
“Como ciudadano y solicitante tiene libertad absoluta de locomoción. Él puede estar en La Paz como en la ciudad de Santa Cruz, no existe ningún impedimento. Va a permanecer en Bolivia y va a acatar la determinación que asuman las autoridades”, insistió el abogado.
La administración peruana envió a La Paz una comisión para evitar el refugio y lograr el retorno del acusado para que enfrente un proceso judicial por denuncias como corrupción.
El embajador en Perú, Gustavo Rodríguez, descartó ayer haya “una solución negociada o conversada” de forma bilateral ya que en este caso, como en otros similares, afirmó, se cumple con las normas legales.
El jurista señaló que el operativo desplazado por la administración de Lima muestra la persecución política de su cliente, quien, aseguró, no tiene ninguna sentencia. El Conare, afirmó, se rige por el principio de presunción de inocencia, por lo que descartó la comisión peruana influya en su decisión.
“Nosotros pretendemos demostrar que todo ese proceso es un montaje político”, insistió.
