La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, remitió al Ministerio Público 50 declaraciones juradas irregulares sobre adquisición de bienes en las que están implicados fiscales, jueces y policías que antes trabajaban en oficinas de la lucha contra el flagelo.
El informe es el resultado de una verificación de 105 declaraciones de funcionarios públicos, entre ellos 35 casos del Ministerio Público, 35 del Órgano Judicial y 35 de la Policía Boliviana. “Esto fue un trabajo muy duro y técnico, por lo que tuvimos que hacer una verificación a través de Recuperación de Bienes de las declaraciones juradas (…). De estas 105 verificaciones, hemos encontrado en 50 hechos tipificados en el Código Penal. Por lo tanto, tenemos la obligación de remitir al Ministerio Público”, informó Suxo.
Indagación. Detalló que son 20 casos de fiscales, 18 de jueces y 12 de policías, todos oficiales entre generales, coroneles y teniente-coroneles. Suxo dijo que la información analizada hace presumir la comisión de los siguientes delitos: enriquecimiento ilícito, falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas y omisión de declaraciones juradas de bienes y rentas.
La autoridad informó que mantuvo una reunión oficial con el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, a quien le manifestó que no confía en la investigación que se encargue a los fiscales. Comentó que el titular del Ministerio Público expresó su pleno acuerdo. “Se conformará una comisión de fiscales para que investiguen las denuncias que se presentarán y eso esperemos que se cumpla, porque es lo mejor para estos hechos, ya que los casos no avanzan”, afirmó Suxo. También aseguró que entregó una carpeta a Guerrero con toda la información hallada en la investigación.
La autoridad gubernamental dio a conocer algunos casos sobresalientes y que llamaron la atención, como el de un fiscal de materia de Santa Cruz de la Sierra, que ingresó a trabajar en 2000 con un salario de Bs 1.939 y un patrimonio de Bs 141.000, y que en 13 años sus bienes ascendieron a más de Bs 646.000, con un salario de Bs 9.600. Además, comentó que este funcionario del Ministerio Público adquirió en 2009 y 2010 un departamento por un valor de Bs 300.000.
Otro caso es el de un coronel de la Policía Boliviana que ingresó a trabajar en 2002, en la ciudad de La Paz, con un salario de Bs 1.811 y que declaró un patrimonio de más de Bs 427.000; después de diez años sus bienes ascendieron a más de un millón de bolivianos, a pesar de un salario de Bs 2.800 al mes. Añadió que éste registra la compra de cinco inmuebles por un valor catastral de Bs 1 millón, dos casas, una en Santa Cruz y otra en La Paz, dos departamentos, uno en Cochabamba y otro en La Paz, y un terreno, y omitió dos terrenos que adquirió en 2003 y 2008 que están inscritos a su nombre en Derechos Reales.
Suxo no hizo pública la identidad de los casos citados debido al derecho a la presunción de inocencia.
Aclaró que para establecer los resultados los investigadores cruzaron información con datos de las oficinas de Derechos Reales, la Unidad Operativa de Tránsito y el Servicio General de Identificación (Segip).
Suxo recibió amenazas
Proceso
La ministra anticorrupción, Nardi Suxo, denunció que recibió algunas amenazas personales y también sus familiares y compañeros, por parte de miembros de la Policía Boliviana, todo por la indagación que lleva adelante.
