El Gobierno de Perú envió hoy a Bolivia al coronel de la Policía Nacional (PNP) Juan Guillermo Rodríguez para que se sume al equipo de expertos que ve el caso del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, quien ha pedido refugio en ese país.
Una resolución publicada hoy en el diario oficial, informó que el coronel Rodríguez es oficial superior de la Dirección de Asuntos Internacionales de la PNP y permanecerá en Bolivia hasta el próximo 31 de enero junto al equipo peruano conformado por policías y representantes de la Procuraduría Anticorrupción que ya se encuentra en La Paz.
La misión de la delegación peruana es «desarrollar una agenda de trabajo vinculada con el ejercicio de sus competencias funcionales relativas a la participación del ciudadano Martín Antonio Belaunde Lossio» en delitos de corrupción, añadió la resolución.
Según la norma, Belaunde Lossio es acusado en Perú por la presunta comisión del delito contra la administración pública, colusión simple y agravada, negociación incompatible, tráfico de influencias y asociación ilícita, así como del delito de peculado (malversación de fondos públicos) en agravio del Estado peruano.
El empresario, quien fue asesor del presidente de Perú, Ollanta Humala, está acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en Gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales, por lo que en mayo pasado un tribunal peruano ordenó su detención preventiva durante 18 meses.
Belaunde Lossio declaró el viernes en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra que teme por su seguridad en Perú y que por ello solicitó el 16 de diciembre pasado refugio político en Bolivia.
El embajador de Bolivia en Perú, Gustavo Rodríguez, afirmó el sábado que el empresario tiene plazo hasta el próximo martes para presentarse ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de su país, para continuar con el proceso de su solicitud de refugio.
El diplomático precisó que la entrevista ante la Conare es parte del proceso que se sigue a su solicitud de refugio, que debe resolverse en un plazo máximo de 120 días desde la fecha de su presentación.
«No creo que tome mucho tiempo, el Conare es un organismo independiente y autónomo, en el cual están delegados de nuestros tres ministerios y también participan la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y una comisión pastoral de la Iglesia Católica», agregó.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, afirmó el miércoles que su país no protegerá a «corruptos de ninguna parte», pero que respetará los procedimientos internacionales para tratar las solicitudes de refugio, en alusión al caso de Belaúnde Lossio.
En medio de este escenario, el Gobierno de Perú designó el sábado al diplomático Luis Benjamín Chimoy Arteaga como su nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario en Bolivia, en reemplazo de Silvia Alfaro Espinosa.
