Los logros en materia de lucha contra la corrupción en Bolivia fueron destacados y se recomendó modificaciones legislativas para incorporar la tipificación del soborno pasivo y malversación en el sector privado con la finalidad de afianzar la lucha contra este flagelo, según un informe sobre la Aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
“El UNCAC reconoce que Bolivia institucionalizó la lucha contra la corrupción mediante la creación del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción y las Unidades de Transparencia en todos los órganos del Estado y a nivel Departamental y Municipal”, reportó un boletín de prensa del organismo internacional.
Bolivia fue examinada por Costa Rica y Zambia, que incluyó una visita in situ de los técnicos de los países asignado. La evaluación resaltó la política de resarcimiento y de recuperación del daño económico al Estado, además de la cooperación internacional activada en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
El Mecanismo de examen consiste en que cada Estado es examinado por otros dos, seleccionados por sorteo, con la finalidad de ayudar en la aplicación de la Convención anticorrupción. En el presente periodo, 2010 – 2015, se está evaluando la aplicación de los capítulos III y IV sobre la penalización y aplicación de la ley, y sobre la cooperación internacional.
Entre las recomendaciones del trabajo están, precisamente, ajustes en la legislación para incorporar el soborno activo en el sector privado; y de tipificar el soborno pasivo y la malversación o el peculado en el sector privado como parte de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, informaron el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
“Se recomienda también que fortacómo facilitar la reubicación de las personas protegidas, teniendo en cuenta la realidad boliviana, y que considere la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de personas protegidas”lezca el trabajo actual para la protección de testigos, en particular, que estudie , prevén las conclusiones, según la nota de prensa.
El resultado de ese tipo de trabajos no es producto de percepciones, sino de un análisis objetivo y equitativo de las medidas anti-corrupción de un país, sus éxitos y buenas prácticas, sus retos en la aplicación de ciertas medidas y sus necesidades de asistencia técnica, explicó el organismo.
