El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, afirmó ayer que no fue convocado por la comisión mixta que investigó los procesos de capitalización y privatización (1989-2000), en la que pudo haber presentado sus respectivos descargos.
“La acusación que nos hace el Gobierno es tan mentirosa que no se atrevieron a escuchar nuestra verdad, es nuestra fuerza”, escribió el político ayer en su cuenta de Twitter. Desde allí también cuestionó el papel del vicepresidente Álvaro García Linera en este caso. Según dijo, la autoridad hizo de “fiscal y juez”. “Hace de su discurso un proceso y dicta condena, nuestra verdad frente a la mentira, al abuso”, sostuvo.
Proceso. La Asamblea Legislativa aprobó ayer el informe de la comisión que investigó el proceso de privatización y capitalización. Además validó dos proposiciones acusatorias contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el mismo Samuel Doria Medina, quien fue ministro de Planeamiento entre 1989 y 1993, entre otros ministros y exautoridades gubernamentales.
El líder de UN aparece en una de las acusaciones, justamente en la que le vincula como exministro de Estado. En la propuesta, Doria Medina fue señalado como sospechoso de haber cometido los delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Estas tipificaciones legales también fueron rechazadas por el dirigente político, quien hasta fines de 2014 controlaba la Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce), la mayor empresa nacional de este rubro.
“Calumnias y calumnias, yo no le di ni Comsur (Compañía Minera del Sur) ni nada a (Gonzalo) Sánchez de Lozada”, afirmó Doria Medina. Durante la presentación del informe de las privatizaciones, García Linera puso en duda el origen de la fortuna del empresario y cuestionó que los $us 300 millones que obtuvo de la venta de Soboce no se hayan quedado en Bolivia. “(El vicepresidente Álvaro) García Linera está dolido porque le pescamos negociados familiares”, respondió el Jefe de UN.
Apoyos. En esa misma línea se expresó la exasambleísta y candidata a la Gobernación paceña por UN, Elizabeth Reyes. “Esto es una persecución política, un nuevo intento de querer evitar que Samuel Doria Medina pueda ser la voz de la oposición”.
A juicio de Reyes, durante los últimos diez años se intentó acusar a Doria Medina por todo y por nada. “Se han hecho una serie de acciones para evitar su derecho político, el que tienen todos los bolivianos que habitamos este país de tener una posición distinta al Gobierno”.
Doria Medina, que fue jefe del Gabinete Económico durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1991-1993 ), reivindicó su actuación en la privatización. “Se transfirieron empresas a trabajadores bolivianos, como Guabirá, con excelentes resultados”.
Para Doria Medina, el Gobierno “quiere el poder total y vitalicio, (y ese) informe busca eliminar a quien cuestione ese plan y que haya alternativa”. El político aclaró que “las empresas de las corporaciones (…) se vendieron a empresarios bolivianos”. El lunes, Doria Medina explicó que si bien fue parte del proceso de privatizaciones, cuestionó la capitalización que se hizo en el gobierno de Sánchez de Lozada.
