“Se enjuiciará a los responsables de otros casos”, sentenció el vicepresidente Álvaro García tras la aprobación de dos pliegos acusatorios en contra de 13 exautoridades gubernamentales responsables de la enajenación de empresas públicas. Así, el Legislativo tramitará más acusaciones.
Una comisión especial mixta del Legislativo, que investigó el proceso de privatización y capitalización efectuado entre 1989 y 2000, elaboró un informe en el que responsabiliza, entre otros, al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y al empresario opositor Samuel Doria Medina, quien fue ministro de Planificación entre 1989 y 1993.
“La siguiente Asamblea Legislativa, que comienza actividades el 22 de enero, va a volver a formar una comisión de investigación para continuar el trabajo que esta comisión ha hecho y seguir enjuiciando a los responsables de otros casos puntuales de privatización, esto no acaba acá”, enfatizó García en el cierre de la legislatura 2010-2015.
Estaba previsto que el informe incluya también a otros dos exmandatarios: Jorge Quiroga Ramírez y Jaime Paz Zamora, según adelantaron asambleístas. Sin embargo, el reporte se presentó incompleto. El documento fue aprobado el miércoles junto con las proposiciones acusatorias que serán remitidas al Ministerio Público bajo la querella de la Procuraduría General del Estado.
La primera demanda es por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por la entrega de recursos estatales a la institución privada denominada Fundación para la Producción (Funda-Pro), una operación autorizada por Doria Medina. Además de él están acusados Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escóbar.
Doria Medina cuestionó la veracidad de la investigación y adelantó que su fin es “político”. En réplica, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, puntualizó que la investigación del proceso de capitalización que propugnó el Legislativo “no es reciente” y enfatizó que el Gobierno no utilizó la indagación bajo intereses “políticos, ni vengativos”, muestra de ello es que la Asamblea esperó que concluyan los comicios generales del 12 de octubre.
Acusados. La segunda proposición acusatoria se basa en los mismos delitos citados anteriormente pero por la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe). Los acusados son Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Peters Arzabe, Gonzalo Apcha de la Parra, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos, Fernando Candia Castillo, José Luis Landívar y Rolando Suárez.
“Hay muchos otros casos, especialmente de los sectores estratégicos, donde el trabajo tiene que ser tesonero y firme”, sostuvo el exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y asesor de la comisión mixta, Adolfo Mendoza.
Doria Medina prepara su defensa
El líder de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, “se va a defender” ante los dos juicios que prevé instaurarle el Legislativo por el proceso de privatización del cual era parte cuando fue ministro de Planificación. “Samuel se va a defender, pero esto es por el odio que le tiene el vicepresidente (Álvaro García Linera). Lo denunció con pruebas y nunca se hizo nada, por eso es una persecución política”, apuntó ayer el electo diputado de UN Amílcar Barral.
Barral denunció que en la comisión que investigó el proceso de privatización y capitalización de 1989-2000 “han metido a dos personas que dirigían y otros que solamente levantaban la mano para aprobar acusaciones contra la gente”.
Doria Medina figura en la primera proposición acusatoria por los delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por ser parte del gobierno del expresidente Jaime Paz (1989-1993). El exsenador oficialista Adolfo Mendoza ratificó ayer que Doria Medina debe ir a la justicia. “Me parece una payasada cuando dice que él estaba en contra de la capitalización, porque él (Doria Medina) dijo que se debió privatizar una empresa por semana”, apuntó.
La diputada del extinto Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo advirtió que en el futuro se debe también investigar el actual manejo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y de la Corporación Minera de Bolivia. “La investigación se hizo con fondos públicos y representantes nacionales, y debe marcar un precedente”, dijo la legisladora a la televisora Cadena A.
