La Asamblea Legislativa Plurinacional presentó formalmente la proposición acusatoria contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Samuel Doria Medina, entre otros, para el inicio de un posible juicio de responsabilidades. La Fiscalía tiene 30 días hábiles para pronunciarse respecto a este proceso.
La diputada Emiliana Ayza (MAS) fue la encargada de presentar al fiscal general, Ramiro Guerrero, toda la documentación que acredita la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de plantear un proceso contra el expresidente Sánchez de Lozada, el exministro de Planeamiento Samuel Doria Medina y otras cinco personas más, por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
Ayza explicó a la agencia ABI: “El 13 de enero, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó las dos acusaciones contra exautoridades de Estado y como miembros de la Comisión Especial Mixta cumplimos dejando toda la documentación al Ministerio Público”.
Dentro de esta proposición acusatoria también se encuentran las exautoridades Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escóbar Llanos. Todos fueron sindicados de desviar recursos estatales a favor de una fundación privada.
El fiscal Guerrero dijo que desde ayer corre el tiempo que le da la ley a la Fiscalía para pronunciarse. La autoridad sostuvo que, de acuerdo con el procedimiento, luego de ingresar la denuncia al Ministerio Público, se da aviso a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que ejerza el control jurisdiccional.
La Fiscalía General del Estado tiene un plazo de 30 días hábiles para pronunciarse acerca de la proposición acusatoria y deberá hacer conocer la resolución que corresponda. Previamente, el Ministerio Público deberá conformar un equipo de fiscales que analizará la denuncia presentada.
Los procesos en la mira
Comisión
Una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional investigó el proceso de privatización y capitalización que vivió Bolivia en el periodo 1989-2000.
Acusados
La comisión presentó un informe de responsabilidades que involucra, entre otros, al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al empresario opositor Samuel Doria Medina, quien fue ministro de Planificación (1989 y 1993).
