El peruano Martín Belaunde se entregó ayer a la Policía Boliviana horas después de conocer la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó su detención preventiva con fines de extradición. La Conare pidió la rectificación del fallo judicial.
Un inusual despliegue policial al mediodía de ayer precedió a la detención del empresario, que cerca de las 14.00 se entregó en una vivienda de la zona de Bajo Llojeta de La Paz. Encabezado por el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, que fue acompañado por un centenar de efectivos policiales y de la Unidad de Inteligencia, el operativo no fue complicado.
Vestido con una chamarra café, camisa blanca y un pantalón azul, Belaunde salió del lugar junto a Pérez, y fue trasladado en un vehículo blanco a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en la que los operadores de justicia determinarán dónde esperará la resolución de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).
Refugio. Según citó el portal Oxígeno, la decisión del TSJ fue cuestionada por la Conare, que pidió rectificar a la brevedad posible el fallo. “Es incorrecto que Conare tenga las facultades de aprehender o detener a una persona, cuando su función es precautelar los derechos de los solicitantes que tramitan el pedido de refugio”, dijo al sitio César Siles, titular del organismo nacional.
El 16 de diciembre de 2014, Belaunde —buscado por la Justicia de su país— solicitó refugio en Bolivia con el argumento de que su vida corre peligro en Perú y que le armaron un proceso político por parte del gobierno de Ollanta Humala, a quien asesoró en la campaña electoral.
Según el ministro Pérez, el solicitante de refugio fue quien pidió ser detenido para definir su situación e incluso pidió el resguardo policial. Tras el fallo del Tribunal, “él (Belaunde) no estaba escapándose de la Justicia boliviana, ni de nadie, y quería que lo pongan a derecho para que lo lleven donde debía estar hasta que concluya su trámite (de refugio)”, puntualizó a los periodistas la autoridad.
Sobre el traslado, Jorge Valda, abogado del extranjero, aseguró que según lo determinado por el TSJ, la detención de su cliente debe hacerse en oficinas de la Conare boliviana, por lo que no permanecerá en la FELCC.
“Mi cliente siempre hizo conocer la ubicación exacta donde se encontraba y él, desde el momento que se enteró que había esta solicitud, inclusive pidió resguardo policial. En todo momento estuvo bajo el control de las autoridades. Belaunde no intentó fugarse ni lo hará”, declaró.
Apelación. Valda adelantó que accionará los recursos necesarios para revertir la condición jurídica de Belaunde, acusado en Perú de conformar, entre otros, una empresa fantasma, Ilios Producciones, para fines ilícitos.
Por ese motivo, el Gobierno de Perú solicitó formalmente al TSJ boliviano la detención con fines de extradición del implicado.
Los nueve magistrados que forman parte de la Sala Plena del TSJ determinaron dar curso al pedido peruano y resolvieron la detención preventiva de Belaunde en predios de la Conare. El presidente del órgano judicial, Jorge von Borries, confirmó a La Razón la determinación y explicó que el peruano, desde su notificación oficial, tiene un plazo de diez días para asumir su defensa. Además, sostuvo que el caso pasa al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que deberá designar a un juez para seguir con el trámite.
Von Borries dijo que la decisión del TSJ está basada en los tratados y convenios internacionales. “La detención preventiva puede durar hasta seis meses, y si a los seis meses no se ha formalizado el pedido de extradición, entonces se retira la causa; pero si se ha formalizado, hay que volver a considerar esta formalización ya no como detención preventiva, sino como extradición”.
El magistrado del TSJ Gonzalo Hurtado aclaró que la detención preventiva es solo con fines de extradición, no para la extradición, y, en ese marco, aseguró que se cumplieron con todas las formalidades que establecen la ley y los convenios internacionales.
Según el artículo 4 (no devolución) de la Ley 251 de Protección a Personas Refugiadas, ninguna persona refugiada o solicitante, cuya solicitud se encuentre pendiente de resolución, podrá ser devuelta a su país de origen o a otro país donde su vida, seguridad o libertad peligre por cualquiera de las causales que dieron lugar al reconocimiento o solicitud de la condición de persona refugiada.
Juez decidirá situación del peruano
n Jorge Valda, abogado de Martín Belaunde, empresario buscado por la Justicia peruana, informó que un juez cautelar debe definir la situación de su cliente, ya que debe fijar dónde debe esperar la resolución de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia. La autoridad jurisdiccional tiene 24 horas para resolver el proceso.
El empresario, que radica en La Paz a la espera de una decisión de la Conare sobre su pedido de refugio que hizo el 16 de diciembre de 2014, se entregó ayer a la Policía Boliviana tras conocer una resolución de detención preventiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con fines de extradición solicitada por autoridades peruanas.
“Él (Belaunde) permanecerá en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), no en celdas, hasta que el juez cautelar competente determine dónde debe permanecer. El juez tiene 24 horas para emitir un pronunciamiento; nosotros ya acreditamos que existe un domicilio y solicitamos que permanezca en su casa con el custodio policial que corresponda”, declaró Valda a los periodistas.
Jovana Ocampo, prima del empresario, afirmó que la familia respetará lo que determinen las autoridades judiciales y la Conare. También señaló que los hijos del foráneo se encuentran muy afectados por la situación actual de su padre y viven en la ciudad de La Paz.
Asimismo, Juliano “Curaca Blanco”, esposo de la prima del ciudadano extranjero, sostuvo que entregarán todos los documentos necesarios para que su familiar pueda permanecer en su domicilio en la zona de Bajo Llojeta de la ciudad de La Paz.
Belaunde ingresó a Bolivia a principios del diciembre de 2014.
