A 24 horas de emitir su resolución, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sustituyó la detención preventiva con la domiciliaria para el peruano Martín Belaunde, quien pasó una noche en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
La decisión judicial tomada en Sucre se dio a conocer ayer cerca de las 15.30, luego de que el 20 de enero el TSJ ordenara la detención preventiva de Belaunde con fines de extradición, que obligó al empresario a entregarse el martes a la Policía Boliviana para luego ser conducido a la FELCC, a la espera de que un juez determine su situación legal en el país.
“El Tribunal Supremo de Justicia, mediante un auto supremo complementario, resolvió dar detención domiciliaria a Belaunde”, informó Jorge Valda, abogado del ciudadano peruano.
Refugio. Una fuente del TSJ informó a La Razón que la resolución 014/2015 —que sustituye la medida de detención preventiva por detención domiciliaria con custodia policial— también define el arraigo para Belaunde, quien no podrá trasladarse a otros departamentos de Bolivia.
Explicó luego que esta nueva determinación del TSJ fue enviada al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, y que el presidente de este órgano judicial, Juan Carlos Berríos, puso en cumplimiento mediante un proveído a la jueza 12° Cautelar, Jaqueline Tintaya. Esta autoridad judicial emitió el mandamiento de detención domiciliaria, que fue remitido a la FELCC para su cumplimiento. Según Valda, su defendido esperará la decisión de la Conare en la vivienda acreditada por la Justicia, que está en la zona de Bajo Llojeta de la ciudad de La Paz.
La prima del empresario es Jovana Ocampo, quien es dueña de la casa en donde se quedará Belaunde desde hoy. Una fuente de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) boliviano señaló que pidió la reserva de su identidad, la decisión fue tomada porque el organismo hizo un requerimiento oficial ante las autoridades judiciales del país.
“La Conare mandó una carta al Tribunal de Justicia indicando que no tiene ambientes para la detención de personas y, por tanto, pide que se adopte otra medida en el caso del señor Belaunde”, detalló el entrevistado.
El martes, efectivos de la Policía Boliviana realizaron un inusual despliegue policial cerca del mediodía en Bajo Llojeta, en La Paz, donde detuvieron al empresario y lo trasladaron luego a dependencias de la fuerza anticrimen.
El empresario ingresó al país el 1 de diciembre de 2014 y solicitó refugio ante la Conare el 16 de ese mes. Ahora, el exasesor de campaña del presidente de Perú Ollanta Humala está acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en gobiernos regionales, y obtener beneficios económicos personales en los contratos y demás asuntos. El Gobierno peruano envió una comisión para resolver el tema. Ahora espera la decisión de su par de Bolivia y de la Justicia.
Pasó la noche en un cuarto
Espacio
Jorge Valda, abogado de Martín Belaunde, informó que su cliente pasó la noche en un espacio pequeño de 3 x 3 metros con un par de sillas y una cama.
Familia
La esposa e hija de Martín Belaunde llegaron a la ciudad de La Paz y acompañaron al empresario peruano en las instalaciones de la FELCC.
Pedido
Según Jorge Valda, defensa del empresario, faltan al menos 90 días para que la Conare pueda pronunciarse sobre la petición de refugio.
TSJ dice que no vulneró derechos
Yuvert Donoso, W. Farfán
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) explicó que no hubo vulneración de ningún derecho y garantía constitucional del ciudadano peruano Martín Belaunde porque —en su criterio— la detención preventiva dictada se fundamenta en base a normativas nacionales e internacionales, además que la decisión se la asumió para evitar la fuga.
La magistrada Maritza Suntura explicó que en la resolución se tomó en cuenta la Ley de Protección a Personas Refugiadas del 20 de junio de 2012 y las directrices que están recomendadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), además del tratado bilateral entre Perú y Bolivia.
En el caso específico con el Perú, Suntura señaló que se recurrió al artículo 8 del tratado entre ambos países, que se refiere a la detención preventiva y los requisitos que se tienen que cumplir, como ocurrió en el caso. También señaló que se consideró el artículo 5 del decreto reglamentario de la Ley 251, que establece: “Sin perjuicio de la aplicación de los principios de no devolución e improcedencia de la extradición, la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado no impedirá la sustanciación del procedimiento de extradición”.
Sobre el tema, Jorge Valda, abogado del empresario, afirmó que la figura de extradición no es posible en contra de su cliente, ya que —en su parecer— una vez que se resuelva la solicitud de refugio y si se lo rechaza de forma definitiva recién podría entrarse a ese tema, antes no. “Nosotros estamos presentando toda la documentación ante la Conare, de momento no hemos tomado conocimiento de que hayan convocado a una reunión entre las autoridades”, puntualizó.
