Perú es respetuoso con las decisiones que toman las autoridades bolivianas en el caso del empresario Martín Belaunde Lossio y está haciendo todo lo necesario para «lograr la más próxima y pronta entrega», afirmó hoy el ministro de Justicia, Daniel Figallo.
El ministro declaró a los periodistas que la estrategia del Estado peruano sobre este caso trata varios aspectos, uno de los cuales es la solicitud de arresto provisional con fines de extradición, que ya fue aceptada por la justicia boliviana.
«Eso tiene que hacerse, nosotros debemos cumplir con estas disposiciones, eso se ha producido y la justicia boliviana, a través de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, ha generado la decisión correspondiente», dijo.
Las autoridades judiciales bolivianas concedieron el miércoles la detención domiciliaria de Belaunde Lossio, mientras la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) resuelve una solicitud de refugio que presentó el pasado 16 de diciembre.
El empresario y exasesor del presidente Ollanta Humala durante la campaña electoral de 2006, había solicitado la detención domiciliaria tras entregarse el martes a la Policía, horas después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenara su detención preventiva «con fines de extradición».
«Las autoridades peruanas tendrán que reunir pruebas y pedir su extradición», indicó el presidente del Tribunal Supremo boliviano, Jorge Von Borries.
Figallo dijo, al respecto, que la Procuraduría Anticorrupción desarrolla todos los elementos para que Belaunde Lossio «sea procesada en la justicia peruana por todos los asuntos por los que debe responder».
Belaunde Lossio está acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en Gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales, por lo que un tribunal de su país ordenó en mayo pasado su detención preventiva durante 18 meses.
Según el Gobierno peruano, es el presunto autor de delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir y tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014.
El ministro también aseguró que en Perú «hay garantías al debido proceso» y se respetan todos los tratados y las normas jurídicas internacionales, por lo que descartó que exista una persecución política contra el empresario.
Humala afirmó el jueves que la detención en Bolivia de su exasesor es un triunfo para su país y dijo que ahora se podrán «realizar los trámites necesarios para que pronto pueda ser procesado en el Perú, al margen de que pueda ser culpable o inocente».
