El empresario peruano Martín Belaunde evalúa pedir refugio político en un tercer país, debido a que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia rechazó su petición, informó ayer su abogado Jorge Valda.
“Estamos analizando qué figura definir respecto a la decisión de la Conare, pero efectivamente está abierta la posibilidad, como señala la Ley 251 de Protección al Refugiado, de acceder a un tercer país o regularizar la situación en Bolivia”, dijo el representante legal.
El domingo, el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, informó sobre la negativa de refugio para Belaunde que determinó la Conare, en primera instancia, respecto a la petición planteada el 16 de diciembre en La Paz. El empresario peruano salió de su país acusado de actos de corrupción por la Justicia peruana y el Gobierno de Lima comenzó los trámites para su extradición.
Para el abogado defensor está descartada la posibilidad de una detención preventiva, expulsión e incluso la extradición, bajo el amparo de las leyes bolivianas. Asimismo, ratificó que en el plazo que se tiene, de 15 días hábiles, se interpondrá la apelación respectiva ante la Conare. “El fallo de la Conare, entiendo que se dictó de manera precipitada, porque tenían 120 días”.
El jurista explicó que en la Conare no se valoraron las pruebas de Belaunde, porque se dio curso a un documento que presentó el Gobierno peruano; pero se espera subsanar la observación. El peruano está en su domicilio en La Paz, custodiado por efectivos policiales.
TSJ esperará 60 días para dictar resolución
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, afirmó ayer en La Paz que esta instancia judicial esperará 60 días para definir si se extradita o no al empresario peruano Martín Belaunde. “Ahora tienen 60 días tanto el Gobierno peruano como la defensa de Belaunde para presentar pruebas y desvirtuar las que se presentaron; con base en ello, el Tribunal Supremo tiene que dictar la resolución con la extradición o sin ella”, manifestó.
Explicó que en el caso del peruano hay dos trámites, uno que se sigue en la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia y el otro por parte del TSJ, en este último por la petición del Gobierno de Perú es de extradición, por lo que se dictó la detención domiciliaria para evitar la fuga.
