El Ministerio Público recibirá, desde hoy, las primeras declaraciones en el marco de la investigación que pidió la Asamblea Legislativa en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el líder opositor de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que desde hoy y hasta el jueves, la exdiputada Emiliana Aiza y los exsenadores Adolfo Mendoza y Tania Melgar prestarán una declaración informativa ante su despacho. También fue citado el diputado Javier Zabaleta y el expresidente de la Cámara de Diputados Marcelo Elío, en atención a la proposición acusatoria que el Legislativo autorizó el 13 de enero.
Esa fecha, el Órgano Legislativo aprobó la proposición acusatoria contra Sánchez de Lozada, Doria Medina —exministro de Planeamiento (1989-1993), actual líder de Unidad Nacional (UN)— y los exministros Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, además de los exfuncionarios Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escóbar Llanos, por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes que estas personalidades pudieron cometer en el ejercicio de sus funciones.
La investigación fue realizada por una comisión mixta de legisladores sobre el proceso de capitalización y privatización, que se registró entre 1989 y 2000, en la denominada época “neoliberal”. El informe derivó en dos proposiciones acusatorias, una de ellas referida a la creación de la privada Funda-Pro y la otra, a la venta de empresa Enfe-Andina a la mitad de su precio a la empresa chilena Cruz Blanca.
Guerrero señaló que, una vez que recibió la proposición acusatoria, se formó un equipo integrado por fiscales superiores quienes serán encargados de tomar las declaraciones y continuar las investigaciones, en base a la denuncia planteada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Anunció que entre la próxima y subsiguiente semana, se notificará a los denunciados, para que se presenten en Sucre y den sus declaraciones.
Pesquisa. Según la propuesta acusatoria, la desaparecida Unidad de Coordinación de Proyectos (UCP-Focas) —dirigida en 1992 por Arturo Beltrán— dependiente de la cartera de Planeamiento, otorgó en préstamo más de $us 21 millones a la Fundación para el Desarrollo (Funda-Pro). La entidad gubernamental administró estos recursos de cooperación económica asignada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid).
En ese entonces, el Ministerio de Planeamiento estuvo a cargo de Samuel Doria Medina y el gobierno presidido por Jaime Paz Zamora, que administró el país entre los años 1989 y 1993.
