El Ministerio Público de La Paz dio a conocer que existen al menos tres personas más que están involucradas con la red de extorsión, desbaratada el fin de semana, en la que participaban fiscales y funcionarios de esta instancia en El Alto.
El sábado, la Fiscalía General del Estado informó de este ilícito en el que dos representantes del Ministerio Público (Juan A. y Édgar A.) fueron aprehendidos. El lunes fueron destituidos de sus cargos y se les inició un proceso penal. Un tercer funcionario implicado fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva.
Una fuente ligada a la Fiscalía Departamental de La Paz, que pidió la reserva de su identidad, informó a La Razón que tras la detención de los implicados en el caso de extorsión en El Alto, los funcionarios de la Unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana investigan a otras tres personas particulares, que también ayudaban a captar gente en los tribunales y ofrecían fallos favorables que iban a resolver los fiscales.
Proceso. Asimismo, esta fuente entrevistada dijo que los individuos están plenamente identificados y se los citará para que presten declaraciones en los próximos días. Si no se presentan, se emitirá la orden de captura correspondiente.
Según la investigación ordenada por la Fiscalía General, ambos fiscales, ahora con detención domiciliaria en La Paz, falsificaban credenciales, realizaban operativos e inclusive emitían órdenes de aprehensión falsas con el objetivo de atemorizar a las personas, para luego extorsionarlas. Al respecto, la fiscal departamental, Patricia Santos, sostuvo que se realiza seguimiento al proceso instaurado y afirmó que se debe esperar los resultados de la indagación.
“Evidentemente, lo que se tiene en el cuaderno de investigaciones es que la persona intermediaria (detenida en San Pedro) estaba en muchas causas de los fiscales y (trabajaban) con los abogados que buscaban resultados que les favorezcan, seguramente ilegalmente. Por eso estaban dispuestos a pagar dinero”, declaró, de manera escueta, Santos.
Según la Fiscalía, el 22 de enero, el fiscal general, Ramiro Guerrero, tuvo conocimiento de una denuncia de extorsión y por ello instruyó a la Fiscalía Departamental de La Paz la conformación de un equipo de representantes del Ministerio Público para que junto a Inteligencia de la Policía desbaraten la red de corrupción.
