La ineficiencia del sistema, falta de una reflexión, limitaciones de independencia e imparcialidad y barreras en el acceso, son los cuatro ejes de la actual crisis judicial del país que son identificados por el libro Laberinto.bo, realizado por dos abogados y que será presentado hoy.
Rogelio Mayta y Pamela Delgadillo son los autores del documento. En 2003, mientras asesoraban legalmente a las víctimas del conflicto de septiembre y octubre de ese año e impulsaban el juicio contra autoridades del Gobierno, vivieron en carne propia los efectos de la crisis judicial y decidieron realizar un aporte a la sociedad.
“Hemos logrado sistematizar los principales problemas de la administración de la justicia en relación a cuatro ejes desarrollados en el libro. Algunos son consabidos y otros novedosos o que no fueron abordados”, explicó Mayta a La Razón.
El estudio comenzó a fines de 2013 y compila datos de 2009 a 2012 y entrevistas con operadores de justicia y civiles. Se publica en una coyuntura a puertas de una cumbre de la justicia que definirá el referéndum para implementar una reforma, algo anunciado por el gobierno de Evo Morales. Según el texto, el primer eje se refiere a la inexistencia de una reflexión sobre la administración de la justicia boliviana, que tome en cuenta las características socioculturales del país.
“Se trata de la cultura jurídica boliviana, de los aspectos socioculturales. No se tomó en cuenta que hay una visión autoritarista, ritualista y formal; por otro lado, el fetichismo legal, que todo se resuelve por ley”, dijo Mayta. El segundo problema tiene que ver con la ineficiencia del sistema, que se refleja en la sobrecarga de trabajo de los juzgados y tribunales, que casi ocasionó el colapso del sistema y en otros casos, provocó mayor productividad.
“Cada materia es diferente. No es lo mismo la administración de justicia en material penal que laboral o civil”, sostuvo Delgadillo. Según los datos, si se realiza la comparación con la carga de trabajo de 2009 a 2012, en materia civil bajó el 9%, y en el área penal, la demanda de casos subió en 147%. “Estamos colapsados. Entran casi 200.000 casos y se resuelve solo el 0,4% (800 casos)”, acotó la abogada.
Sin embargo, en materia laboral la realidad es distinta, no hubo incremento de jueces; pero su capacidad de respuesta mejoró en 307%. La corrupción es parte del tercer eje, como componente principal de las limitaciones “reales y aparentes” de independencia e imparcialidad. Para Mayta, se trata de un “problema endémico”, ante el que las soluciones legales han resultado ineficaces, como la reforma judicial de 1994 y el voto popular de 2009.
El acceso a la justicia es otra de las problemáticas abordadas en el texto por la limitación de los costos, discriminación a la población en situación de vulnerabilidad y la inexistencia de los suficientes juzgados y tribunales. Ante esta situación, el texto realiza algunas propuestas como la realización de un diagnóstico nacional, participación ciudadana y concertación. El estudio fue realizado con el apoyo de la ONG Diakonía y la red Unitas. El libro se presentará este jueves a las 18.30 en el Auditorium, ubicado en la calle Guachalla (Sopocachi).
Los dos autores
Mayta
Titulado de la UMSA, asesor de organizaciones sociales y abogado del Comité Impulsor del juicio por 2003.
Delgadillo
Titulada de la UCB, especializada en Derecho Constitucional y parte del Comité.
