El proceso de diálogo y concertación del nuevo pacto fiscal empezará en febrero con la participación de la representación de los diferentes niveles de gobierno y bajo el principio de una mejor administración y no, necesariamente, de la redistribución de los recursos públicos, informó el ministro de Autonomías, Hugo Siles.
«Nosotros estamos tomando como referencia el Decreto Supremo 2078 del 13 de agosto de 2014. En función de ello, corre el tiempo y en febrero para presentar el pacto fiscal», explicó y anunció que en próximos días se dará a conocer la metodología de trabajo.
El decreto 2078 reconoce los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012 para aplicar en la distribución de recursos por coparticipación tributaria y otros impuestos. El censo estableció que Bolivia cuenta con 10.059.856, de los que en Chuquisaca están 581.347; en La Paz, 2.719.344; en Cochabamba, 1.762.761; en Oruro, 494.587; en Potosí, 828.093; en Tarija, 483.518; en Santa Cruz, 2.657.762; en Beni, 422.008; y en Pando, 110.436.
«Este será un año definitivo del pacto fiscal», anunció Siles, aunque reflexionó sobre la necesidad de que ese proceso no sea visto simplemente como de redistribución de recursos públicos.
«Tenemos que verlo como la mejor administración y la mejor capacidad de administrar el gasto de la inversión», afirmó y perfiló que el trabajo será desarrollado en el marco del Consejo Nacional de Autonomías.
Una vez que se instale el Consejo, el proceso se prevé dure meses, mientras tanto, «los gobiernos municipales van a culminar también sus procesos autonómicos», sostuvo.
Los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí están en la etapa de referéndum para validar sus estatutos autonómicos. «Mientras el proceso de pacto fiscal se instale, vamos a tener también que entidades territoriales autónomas en el país van a tener que implementar sus procesos autonómicos», señaló.
