Los 11 acusados por daños económicos derivados de la privatización, entre ellos Gonzalo Sánchez de Lozada y Samuel Doria Medina, serán citados a declarar esta semana vía notificación y edictos, informó el fiscal General, Ramiro Guerrero.
Para cumplir con la notificación, fue solicitada información al Servicio General de Identificación Personal (Segip) sobre la dirección de los domicilios de los incluidos en el informe legislativo respecto a la investigación del proceso de privatización y capitalización de las empresas estatales en los años 90.
Además del expresidente y el jefe de Unidad Nacional (UN), se encuentran acusados las exautoridades Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Arturo Beltrán Caballero, Flavio Escóbar, Gonzalo Apcha de la Parra, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos, Hernando Candia Castillo, José Luis Landívar y Rolando Suárez Montoya.
El 13 de enero, día de cierre de la legislatura 2010-2015, los entonces legisladores aprobaron en sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional la proposición acusatoria contra las 11 exautoridades por los delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en los casos Funda-Pro y la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe).
Guerrero informó que algunos de los acusados ya se apersonaron para prestar declaraciones.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín radican en Estados Unidos, donde huyeron tras la revuelta social de 2003 que acabó con más de 60 muertos y centenares de heridos. Revollo, uno de los artífices de la capitalización, también estaría en el país del norte.
La Fiscalía, que recibió la declaración de los exlegisladores acusadores, deberá elaborar un informe y remitirlo a la Asamblea Legislativa para su consideración.
