Un nuevo hecho de corrupción judicial se registró en Santa Cruz, cuando la secretaria de un juzgado fue detenida in fraganti cuando recibía dinero por un trámite irregular en el que se encuentran involucrados cuatro funcionarios de Derechos Reales (DDRR), aparte de dos civiles.
El audio de la conversación de la funcionaria del juzgado con una personas, en el que pide un monto de 1.500 (sin especificar si es en dólares o bolivianos) para agilizar un proceso fue el detonante para la aprehensión que se realizó el miércoles en la noche.
Según la información del fiscal departamental Gomer Padilla, la secretaria fue detenida en el momento en el que recibía el dinero, “supuestamente” para favorecer a una tercera persona con la inscripción ilegal de derecho propietario de un bien inmueble.
El caso está relacionado con los hechos de corrupción en la oficina de Derechos Reales (DDRR) en los que están involucrados otros cuatro funcionarios y dos personas particulares, quienes también fueron detenidos.
Protesta. Según los datos preliminares de la investigación, los funcionarios aprehendidos están involucrados en el registro de inmuebles con documentos falsificados y no se descarta que en el interior de DDRR opere una red de corrupción que legalice la propiedad de las viviendas
El Ministerio Público presentó ayer la imputación por los delitos de beneficio en razón de cargo, falsedad material e ideológica y asociación delictuosa para los funcionarios públicos.
El caso surgió después que el abogado Álvaro Lecrere verificara que los terrenos de su cliente, situados en el kilómetro 8 al norte de Santa Cruz, estaban siendo inscritos en DDRR a nombre de una tercera persona con un valor inferior a su precio real.
El bien valuado en $us 240.000 estaba inscrito en Derechos Reales a nombre de terceras personas que tasaron la propiedad en apenas Bs 70.000, por lo que realizó la denuncia.
El fiscal Padilla evitó brindar mayores detalles sobre el caso para no entorpecer las indagaciones, pero confirmó que la secretaria del juzgado fue encontrada recibiendo una cantidad de dinero no determinada.
No obstante, una agrupación de personas que se denominan víctimas de los avasallamientos de sus propiedades y lotes, realizaron ayer bloqueos esporádicos en la avenida Uruguay, al frente del Tribunal Departamental de Justicia de la capital oriental, exigiendo celeridad en el proceso iniciado en contra de los funcionarios de DDRR.
Los manifestantes exigieron investigar también a jueces que supuestamente favorecen a los loteadores en desmedro de los propietarios.
Julio Heredia, quien participaba de la movilización, señaló que los afectados por los avasallamientos superan las 200 familias en la región.
Entre los procesados por la fiscal de la Unidad Anticorrupción, Luisa Heredia, figuran: Gabriela C. A., Wilder V. R., Juan Carlos B. R., Claudia V. S., Leonardo M. G., y Mónica S.
El Fiscal de Distrito indicó que este tipo de irregularidades no sería la primera vez que ocurre, siendo que en la pasada gestión igual se abrió un proceso contra otros funcionarios.
Por su parte, el director de Derechos Reales, Alberto Illanes, negó que una red de corrupción opere en la institución, ya que existen tres filtros de control al ingreso de cualquier trámite. Sin embargo, sostuvo que los funcionarios aprehendidos solicitaron licencias y algunos hasta vacación para asumir su defensa y descargos, de acuerdo con el portal eldia.com.bo.
¿Qué es DDRR?
El registro de Derechos Reales es el órgano encargado de efectuar, a solicitud de parte, por disposición legal o por mandato judicial, las inscripciones y anotaciones a que se refiere el Código Civil, la Ley de Registro de Derechos Reales y demás disposiciones complementarias.
