El modelo económico plurinacional, la agenda de desarrollo 2025 y el programa gubernamental que ganó las elecciones en 2014 son los tres ejes “innegociables” que fijó el Gobierno para el debate del pacto fiscal, que comenzó con la primera sesión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA).
El vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo ayer que “cualquier debate en torno al pacto fiscal tiene que garantizar estos tres pilares, inamovibles del desarrollo de este país”, y evitar así que en el proceso “se meta de contrabando” propuestas contrarias al modelo económico boliviano vinculadas con una visión neoliberal de la economía.
El presidente Evo Morales inauguró el miércoles las deliberaciones del CNA, a cuyos 23 miembros —gobernadores, representantes de las municipalidades y de los pueblos indígenas— les entregó una propuesta de cinco etapas “sin plazos perentorios” que incorpora, precisamente, una serie de principios en los que se privilegia el uso eficiente de los recursos y la priorización de una agenda productiva con una distribución de recursos bajo los criterios de “esfuerzo y solidaridad”.
Consenso. Las gobernaciones de Santa Cruz y Beni, controladas por el opositor Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y otras organizaciones regionales, plantearon desde hace varios meses una propuesta de pacto fiscal orientada por una distribución equitativa de los recursos —50% para el Gobierno y 50% para las gobernaciones—, además de una política tributaria y crédito público. Actualmente, el Ejecutivo administra el 88% de los recursos públicos provenientes en gran parte de la explotación de materias primas.
Apelando a cuadros estadísticos y comparativos, ayer el Vicepresidente aseguró que el Gobierno ya cumple con una distribución equitativa a las regiones, pero aseguró que el Estado debe estar suficientemente fortalecido como para poder desarrollar una política productiva de largo aliento que le permita al país dejar de depender de la explotación de materias primas.
Sostuvo que en los últimos nueve años Bolivia tuvo éxito en su economía. La autoridad, que realizó un ejercicio comparativo, recordó que entre 1995 y 2005 hubo un crecimiento del 77% y que entre 2006 y 2014 se logró un indicador del 357% . Así remarcó que en el debate del pacto fiscal se debe incluir al programa de gobierno que el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó en las elecciones de octubre y que apunta al cumplimiento de una ambiciosa agenda de desarrollo para 2025 sobre la que ya existe, dijo, una ley específica y el consenso social y político. El plan perfila convertir al país en una “potencia industrial”.
La gobernadora transitoria de Santa Cruz, Ruth Lozada, rechazó ayer la propuesta del Ejecutivo porque no cree que exista la intención de aprobar, en un breve tiempo, el pacto fiscal. “El Gobierno le miente al país”, puntualizó.
El ministro de Autonomías, Hugo Siles, opinó que existe “una actitud dual” de Lozada, pues el miércoles apoyó la propuesta inicial que ayudará a guiar el debate y la construcción de los consensos sobre la base de la reducción de la pobreza y la generación de más riqueza.
Santa Cruz socializará su modelo del 50-50
Rubén Ariñez
Tras el rechazo del Gobierno al planteamiento de pacto fiscal de Santa Cruz, que prevé distribuir el 50% de los recursos económicos para el Estado y un porcentaje similar para las entidades territoriales autónomas, la Gobernación del departamento difundirá éste en el ámbito nacional.
“Vamos a trabajar, la vamos a volver a socializar y seguiremos en ello sin cansarnos, iremos a las 370 entidades territoriales que hay en Bolivia”, señaló ayer la gobernadora cruceña, Ruth Lozada, y remarcó que la propuesta de la región —que es de primacía opositora al Gobierno— es “incluyente”.
Postura. Desde La Paz, el gobernador César Cocarico, quien pertenece al partido en función de gobierno, cuestionó el proyecto de Santa Cruz por tener un criterio poblacional. “No estamos de acuerdo en que aquellos que tienen sigan recibiendo más sin tomar en cuenta la pobreza”, indicó.
Para Rubén Costas, antecesor de Lozada e impulsor del proyecto en cuestión, el Gobierno “desinforma” al país puesto que la propuesta de Santa Cruz se basa en la distribución de ingresos de unos siete impuestos y no del total de recursos que percibe el Estado.
