El procurador anticorrupción peruano, Joel Segura, afirmó hoy que confía en que la Comisión Nacional del Refugiado de Bolivia (Conare) ratificará la decisión de rechazar el pedido de refugio del empresario Martín Belaunde Lossio, tras lo cual será expulsado a Perú.
Segura declaró a la agencia oficial Andina que espera que la Conare rechace la apelación presentada por la defensa de Belaunde, exasesor de campaña del presidente Ollanta Humala, ya que consideró que no hay elementos que sustenten su argumento de que es víctima de una persecución política.
«La ley boliviana exige que en la apelación se presenten cosas nuevas, porque sino la decisión de negarle el refugio se mantiene como en primera instancia», indicó.
Segura consideró que tras el eventual rechazo de la apelación la justicia boliviana debería expulsar a Belaunde hacia Perú «porque ingresó ilegalmente» a ese país.
El procurador ratificó que las autoridades peruanas apuestan a la expulsión para que Belaunde responda ante la justicia por las acusaciones de corrupción que se la hacen.
«Nuestras intervenciones en Bolivia fueron siempre orientadas a la expulsión», ratificó.
La defensa de Belaúnde ha pedido a la Justicia boliviana la libertad sin restricciones del empresario, que permanece en arresto domiciliario, después de que la Corte Suprema de Perú rechazara la semana pasada el expediente de extradición que solicitó la procuraduría.
El empresario está acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales, por lo que un tribunal de su país ordenó en mayo pasado su detención preventiva durante 18 meses.
Según el Gobierno peruano, Belaúnde es el presunto autor de delitos contra la administración pública, malversación de fondos públicos y asociación ilícita para delinquir y tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de 2014.
El peruano mantiene un recurso de apelación en la Conare para reconsiderar su solicitud de refugio en Bolivia, desestimada en primera instancia por el organismo boliviano el 23 de enero.
